El reciente cierre del arbitraje entre Wom y el Estado chileno en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) marca un hito significativo en el ámbito de las telecomunicaciones en Chile. Este proceso, que se extendió por aproximadamente un año y medio, concluyó oficialmente el 26 de noviembre de 2025, tras la declaración del Ciadi que dio por finalizada la causa iniciada en agosto de 2024. La controversia surgió a raíz de la demanda presentada por Wom, que se vio afectada por los intentos del gobierno chileno de cobrar las boletas de garantías asociadas a los retrasos en el despliegue de la red 5G en el país.
La situación se complicó debido a que Wom no cumplió con los plazos establecidos en la licitación de 5G, lo que llevó al Estado a exigir compensaciones. Sin embargo, a lo largo del proceso, ambas partes optaron por la negociación para resolver el conflicto de manera más expedita. En septiembre de 2025, se alcanzó un acuerdo que comprometía a Wom a finalizar todos los litigios relacionados, tanto en la justicia chilena como en el Ciadi. Este acuerdo fue crucial para evitar un prolongado proceso judicial que podría haber afectado tanto a la empresa como al Estado.
Uno de los puntos más relevantes del acuerdo es que Wom deberá realizar un pago proporcional por el incumplimiento de sus obligaciones, que asciende al 31% de la red 5G, lo que equivale a más de 14 millones de dólares. Este monto deberá ser abonado durante el año 2025. Además, la empresa se comprometió a pagar una compensación adicional al Estado por los incumplimientos, que se cifra en 39 millones de dólares. Esta compensación puede ser pagada o invertida en proyectos de infraestructura, los cuales deberán ser acordados por ambas partes y tienen como plazo de ejecución entre 2027 y 2030. Por último, Wom también asumirá los gastos generados durante el arbitraje en el Ciadi.
### Causas Pendientes en el Ciadi
A pesar de la resolución del caso Wom, el Estado chileno aún enfrenta otros conflictos en tramitación en el Ciadi. Uno de los más antiguos involucra a la firma colombiana Interconexión Eléctrica (ISA), que ha demandado al gobierno chileno por la negativa a otorgar prórrogas en la ejecución del proyecto Cardones-Polpaico. Este proceso se inició en mayo de 2021 y, aunque el tribunal falló a favor de ISA en 2024, condenando al Estado a pagar 20 millones de dólares, el gobierno chileno solicitó la anulación del fallo, lo que ha reactivado el caso y podría prolongar el proceso por otros dos años.
Otro conflicto pendiente es el que enfrenta al Estado chileno con las empresas que controlan el concesionario del Aeropuerto Arturo Merino Benítez, Nuevo Pudahuel, específicamente ADP International y Vinci Airports. Este caso surgió durante la pandemia, cuando las empresas solicitaron compensaciones debido a las pérdidas económicas ocasionadas por las restricciones sanitarias que afectaron el tráfico aéreo. Las empresas demandaron al Estado por 400 millones de dólares, y aunque se realizaron audiencias en junio de 2024, aún se espera el laudo del Ciadi, que podría tener un impacto significativo en la relación entre el Estado y los inversionistas extranjeros.
La resolución de estos casos es crucial no solo para la reputación de Chile como destino de inversión, sino también para la estabilidad del sector de telecomunicaciones y la infraestructura del país. La forma en que el gobierno maneje estos conflictos podría influir en futuras inversiones y en la confianza de los inversores extranjeros en el mercado chileno. La conclusión del arbitraje con Wom, aunque positiva, es solo una parte de un panorama más amplio que requiere atención y resolución para garantizar un entorno de negocios favorable en Chile.
