El Servicio de Impuestos Internos (SII) ha dado un paso significativo en la lucha contra el fraude fiscal al presentar una querella criminal en Valdivia. Esta acción legal se dirige contra dos empresarios de origen chino, quienes operaban como representantes de una empresa importadora y exportadora conocida como «mall chino». La acusación se centra en el uso de facturas falsas y el indebido uso de créditos de IVA, lo que ha generado un perjuicio fiscal que asciende a más de 310 millones de pesos chilenos, cifra que ha sido actualizada hasta septiembre de 2025.
La querella fue interpuesta ante el Juzgado de Garantía de Valdivia y se fundamenta en una exhaustiva investigación realizada por el SII. Esta investigación reveló la existencia de una red de 20 empresas «fantasmas» que operaban de manera coordinada para facilitar la emisión de documentos tributarios falsos. Durante los períodos tributarios de 2023 y parte de 2024, los acusados registraron y declararon un total de 163 facturas electrónicas que correspondían a operaciones inexistentes. Estas maniobras fraudulentas les permitieron incrementar artificialmente sus créditos fiscales del IVA, causando un perjuicio de aproximadamente 128 millones de pesos.
Además, los empresarios también declararon costos y gastos falsos en sus declaraciones de Impuesto a la Renta para los años tributarios 2024 y 2025, lo que resultó en un perjuicio adicional de 182 millones de pesos. Para llevar a cabo estas acciones, los querellados utilizaron documentos de 20 proveedores que, en realidad, no existían. Esta situación pone de manifiesto la gravedad del fraude fiscal y la necesidad de una vigilancia constante por parte de las autoridades tributarias.
El SII ha destacado que la Dirección Regional de Valdivia llevó a cabo un proceso de fiscalización que combinó análisis tecnológico avanzado, verificaciones en terreno y coordinación con otras instituciones. Durante esta fiscalización, se detectó que varias empresas proveedoras compartían las mismas direcciones IP para emitir facturas y declarar impuestos. Esto levantó sospechas sobre la legitimidad de sus operaciones.
Las verificaciones realizadas en los domicilios declarados por los supuestos proveedores revelaron que muchos de ellos operaban desde oficinas virtuales, careciendo de la infraestructura física necesaria para llevar a cabo actividades comerciales legítimas. No se encontraron bodegas ni espacios para almacenar mercancías, y tampoco se identificó a trabajadores contratados en estas direcciones.
El SII también realizó cruces de información con la Tesorería General de la República, confirmando que ninguna de las 20 empresas involucradas había registrado pagos de impuestos aduaneros. Asimismo, se corroboró con el Servicio Nacional de Aduanas que no se habían registrado importaciones durante el período investigado. Esta información fue crucial para demostrar que las mercancías que supuestamente se vendían no tenían un origen verificable, lo que refuerza la acusación de fraude.
Marcelo Freyhoffer, subdirector jurídico del SII, enfatizó la importancia de la coordinación entre diferentes organismos para asegurar el cumplimiento tributario y sancionar a aquellos que intentan defraudar al sistema. La querella se basa en delitos contemplados en el artículo 97 N°4 del Código Tributario, que aborda el aumento malicioso de créditos fiscales de IVA y las declaraciones maliciosamente falsas en el Impuesto a la Renta.
Este caso no solo resalta la capacidad del SII para detectar y actuar contra el fraude fiscal, sino que también pone de relieve la necesidad de una mayor vigilancia en el sector empresarial, especialmente en actividades que involucran importaciones y exportaciones. La acción del SII es un llamado a la responsabilidad y a la ética en los negocios, recordando que el incumplimiento de las normativas fiscales no solo afecta a las arcas del Estado, sino también a la sociedad en su conjunto.
La lucha contra el fraude fiscal es un tema de gran relevancia en Chile, donde las autoridades están cada vez más comprometidas en implementar medidas que garanticen la transparencia y el correcto funcionamiento del sistema tributario. Este tipo de acciones legales son fundamentales para disuadir a aquellos que consideran que pueden evadir sus responsabilidades fiscales sin consecuencias. El SII continúa trabajando para fortalecer su capacidad de fiscalización y asegurar que todos los contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias de manera justa y equitativa.
