La discusión en torno al Presupuesto 2026 se ha convertido en un punto crítico de tensión entre el gobierno y la oposición en Chile. Uno de los aspectos más debatidos es la proyección de ingresos que el Ejecutivo ha presentado en su proyecto de ley. En particular, la Ley de Cumplimiento Tributario, diseñada para combatir la evasión fiscal, ha generado escepticismo entre los parlamentarios de la derecha y centroderecha. Estos consideran que las estimaciones de recaudación, que se sitúan en un 0,73% del PIB, son excesivamente optimistas, especialmente en lo que respecta a la recaudación del impuesto a la renta, que se proyecta en un 0,54% del PIB.
El desglose de las proyecciones de recaudación para el año 2026 incluye varios componentes. Se espera que la recaudación proveniente de grupos empresariales alcance un 0,36% del PIB, mientras que los altos patrimonios contribuirían con un 0,18% del PIB. Por otro lado, el IVA y el comercio informal se estiman en un 0,14% del PIB, las medidas relacionadas con tributación internacional en un 0,02% del PIB, y la multijurisdicción en un 0,03% del PIB. Esta estructura revela la complejidad de la estrategia fiscal del gobierno, que busca diversificar las fuentes de ingresos y reducir la dependencia de impuestos tradicionales.
En las reuniones entre el gobierno y la oposición, se ha enfatizado que la Ley de Cumplimiento Tributario ha fortalecido la capacidad del Servicio de Impuestos Internos (SII) para fiscalizar y recaudar. Desde el Ejecutivo se argumenta que los resultados de esta ley son visibles en el desempeño fiscal de 2025. Un dato relevante es que el IVA, como porcentaje del PIB, ha alcanzado un 13,5%, lo que representa un máximo histórico, excluyendo el año 2022. Comparado con el mismo período de 2024, los montos de IVA declarado han aumentado en un 0,18% del PIB, con un tercio de este incremento atribuido al IVA nacional y dos tercios a las importaciones.
Sin embargo, la oposición ha manifestado su desconfianza respecto a estas proyecciones. A pesar de que el gobierno convocó a una reunión con el SII para discutir la Ley de Cumplimiento Tributario, la oposición decidió no asistir, argumentando que no era necesaria, dado que el SII es una entidad gubernamental. Este tipo de desencuentros refleja la falta de confianza y la polarización en el debate sobre el presupuesto.
Por otro lado, la oposición ha planteado que el presupuesto está desfinanciado en aproximadamente 1.500 millones de dólares. En un petitorio de 11 puntos enviado al Ministerio de Hacienda, han solicitado que el gobierno proponga recortes en el gasto público que se alineen con esta cifra. Este llamado a la austeridad se enmarca en un contexto donde la oposición busca garantizar que el presupuesto sea sostenible y no dependa de proyecciones que consideran poco realistas.
La situación actual del Presupuesto 2026 pone de manifiesto la complejidad de la política fiscal en Chile. La necesidad de aumentar la recaudación y mejorar la eficiencia del gasto público se enfrenta a la resistencia de la oposición, que exige mayor transparencia y realismo en las proyecciones. La Ley de Cumplimiento Tributario, aunque bien intencionada, se encuentra en el centro de un debate que podría definir la viabilidad del presupuesto y la estabilidad fiscal del país en los próximos años.
El camino hacia un acuerdo sobre el presupuesto no solo dependerá de las cifras presentadas, sino también de la capacidad del gobierno para generar confianza y diálogo con la oposición. La transparencia en la gestión fiscal y la disposición a considerar las preocupaciones de todos los sectores serán fundamentales para avanzar en la negociación del Presupuesto 2026. En este sentido, el papel del SII y su capacidad para demostrar resultados tangibles será crucial para convencer a los escépticos y lograr un consenso que permita una gestión fiscal responsable y efectiva.
