El sector pesquero chileno se encuentra en medio de una tormenta legal tras la implementación de la Ley de Fraccionamiento Pesquero, que ha llevado a varias empresas a presentar demandas contra el Estado. Una de las más destacadas es la de Blumar, que ha solicitado una indemnización de 216 millones de dólares, argumentando que la nueva legislación afecta gravemente sus operaciones y derechos adquiridos.
La Ley de Fraccionamiento Pesquero, promulgada en junio de 2025, modificó las cuotas de pesca tanto para empresas artesanales como industriales. Según Blumar, esta ley altera un marco regulatorio que había sido establecido en 2013, el cual les permitió realizar inversiones significativas bajo ciertas condiciones. La empresa sostiene que la nueva normativa no solo afecta sus derechos, sino que también pone en riesgo la confianza en el sistema legal y regulatorio del país.
### Impacto de la Nueva Legislación en el Sector Pesquero
La Ley de Fraccionamiento Pesquero fue impulsada por la necesidad de modernizar el sistema pesquero nacional y promover un uso más sostenible de los recursos. Sin embargo, las empresas del sector han expresado su preocupación por las consecuencias de esta ley. Blumar, en particular, argumenta que la legislación de 2013 les permitió renunciar a autorizaciones indefinidas a cambio de licencias con condiciones claras y limitadas en el tiempo, lo que les dio seguridad para realizar inversiones a largo plazo.
La modificación de las cuotas de pesca, según Blumar, no solo ha llevado a una reducción anticipada de sus derechos de pesca, sino que también ha generado nuevas cargas económicas que no estaban contempladas. Esto ha llevado a la empresa a detener un proyecto de inversión de 45 millones de dólares en una planta de productos congelados en la Región de Biobío, lo que representa una pérdida significativa para la economía local y para los trabajadores involucrados.
La situación se complica aún más con la reciente demanda de Camanchaca, otra empresa del sector, que también ha solicitado una indemnización de 100 millones de dólares al Estado por los mismos motivos. Camanchaca ha señalado que la alteración de las reglas del juego afecta no solo a las empresas, sino que también daña la confianza en el país como un destino atractivo para la inversión.
### La Reacción del Gobierno y el Futuro del Sector Pesquero
El gobierno chileno ha enfrentado críticas por la implementación de esta ley y su impacto en el sector pesquero. Las empresas han argumentado que la falta de un mecanismo de compensación adecuado ante los cambios regulatorios es una violación de los principios de seguridad jurídica que el Estado debe garantizar. Esta situación ha llevado a un clima de incertidumbre en el que las empresas pesqueras se sienten desprotegidas y vulnerables ante decisiones unilaterales del gobierno.
Desde el gobierno, se ha defendido la necesidad de la ley como un paso hacia la sostenibilidad y la modernización del sector. Sin embargo, la creciente cantidad de demandas judiciales sugiere que la implementación de la ley ha sido problemática y que se requiere un diálogo más efectivo entre las autoridades y las empresas del sector. La falta de consenso podría llevar a un estancamiento en las inversiones y a un deterioro de la confianza en el marco regulatorio del país.
A medida que las empresas continúan presentando acciones legales, el futuro del sector pesquero chileno se encuentra en una encrucijada. La resolución de estas disputas no solo afectará a las empresas involucradas, sino que también tendrá repercusiones en la economía local y en la percepción internacional de Chile como un lugar seguro para invertir. La necesidad de un marco regulatorio claro y estable es más urgente que nunca, y las autoridades deberán encontrar un equilibrio entre la sostenibilidad y la protección de los derechos de las empresas para evitar un colapso en el sector pesquero.
