La reciente revelación de irregularidades en el uso de licencias médicas en Chile ha sacudido el sector público, con más de 700 instituciones estatales implicadas. La Contraloría General de la República ha identificado un total de 25.078 trabajadores que emitieron 35.585 permisos médicos, muchos de los cuales fueron utilizados para realizar viajes al extranjero durante el período de reposo. Este escándalo no solo afecta a ministerios y hospitales, sino que también involucra a diversas entidades reguladoras, lo que ha llevado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) a iniciar un sumario administrativo para investigar los casos reportados.
### La Extensión del Problema
Las irregularidades en las licencias médicas abarcan una amplia gama de instituciones, incluyendo ministerios, empresas estatales y reguladores sectoriales. Entre los casos más destacados se encuentran la Superintendencia de Salud, con 21 casos, y la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que reportó 14. Otras entidades como la Superintendencia de Seguridad Social y la Superintendencia de Pensiones también están implicadas, cada una con un número significativo de casos. En total, la Contraloría ha documentado 18 casos relacionados con la CMF, lo que ha llevado a la presidenta de la Comisión, Solange Berstein, a tomar medidas inmediatas.
La CMF ha confirmado que de los 18 casos reportados, 9 personas están involucradas, de las cuales 4 ya no forman parte de la institución. Esto ha generado un ambiente de incertidumbre y desconfianza en el manejo de las licencias médicas dentro del sector público. La presidenta Berstein ha decidido instruir un sumario administrativo para investigar a fondo estos hechos y determinar las responsabilidades administrativas que correspondan.
### Acciones y Consecuencias
El Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres) han comenzado a entregar balances sobre los sumarios por mal uso de licencias médicas. En este primer informe, se destaca que los Ministerios de Educación y Salud son los que más casos han reportado. En el caso del Ministerio de Educación, se han identificado 3.381 funcionarios que serán sumariados, mientras que en Salud, 2.193 funcionarios están bajo investigación. Hasta la fecha, 131 instituciones del gobierno central han iniciado procesos sumariales, abarcando todos los ministerios.
De los casos reportados por la Contraloría, 12.503 corresponden al gobierno central, lo que implica a 7.990 funcionarios. De esta cifra, se han iniciado sumarios a 6.592 funcionarios, lo que refleja la magnitud del problema. Además, las empresas públicas también están tomando medidas. Codelco, la principal empresa estatal del país, ha informado que 37 empleados han sido desvinculados debido a irregularidades en el uso de licencias médicas. El presidente de Codelco, Máximo Pacheco, ha declarado que la empresa se rige por las normas del Código del Trabajo y que, tras recibir el informe de la Contraloría, iniciaron de inmediato las investigaciones pertinentes.
Este escándalo ha generado un debate sobre la ética y la responsabilidad en el uso de licencias médicas en el sector público. La situación ha llevado a algunos senadores a proponer proyectos de ley que establezcan sanciones más severas para aquellos que hagan un uso fraudulento de las licencias médicas. La propuesta incluye la posibilidad de establecer una “muerte cívica” y la devolución de dinero por el uso indebido de estos permisos.
La situación actual pone de manifiesto la necesidad de una revisión exhaustiva de los procedimientos relacionados con las licencias médicas en el sector público. La confianza en las instituciones estatales se ve comprometida, y es fundamental que se tomen medidas efectivas para restaurar la credibilidad y asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera adecuada. La implementación de controles más estrictos y la promoción de una cultura de transparencia son pasos necesarios para prevenir futuros abusos y garantizar que las licencias médicas cumplan su propósito original: proteger la salud de los trabajadores.
El escándalo de las licencias médicas en Chile es un recordatorio de la importancia de la ética en la administración pública. A medida que se desarrollan las investigaciones y se implementan nuevas políticas, será crucial observar cómo se manejan estos casos y qué medidas se toman para evitar que situaciones similares ocurran en el futuro. La sociedad chilena espera respuestas claras y acciones contundentes que aseguren la integridad del sistema de salud y la confianza en sus instituciones.
