La Corte Suprema de Chile ha ratificado una importante sentencia que afecta a Banco Estado, confirmando una multa de 4.000 Unidades de Fomento (UF) impuesta por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Esta sanción se origina en la falta de restitución oportuna de fondos a clientes que fueron víctimas de fraudes con tarjetas de pago. La decisión de la Corte Suprema se basa en el incumplimiento de la normativa vigente, específicamente la Ley N°20.009, que establece un plazo de cinco días hábiles para la devolución de fondos en casos de fraude.
La resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago, que desestimó el reclamo de ilegalidad presentado por Banco Estado, se alinea con la postura de la CMF, que había rechazado la reposición administrativa del banco. La CMF había señalado que el banco no solo incumplió el plazo de restitución, sino que también falló en la obligación de informar adecuadamente a los usuarios afectados sobre su situación y los plazos de respuesta, tal como se había indicado en una carta de la CMF en diciembre de 2020.
El tribunal supremo argumentó que Banco Estado no podía condicionar su actuación a una interpretación particular de la ley, especialmente en casos que involucran fraudes en transacciones electrónicas. La Corte también destacó que el monto de la multa se encuentra dentro del rango establecido por la legislación vigente en el momento de los hechos, y que la sanción estaba debidamente fundamentada en los actos administrativos impugnados.
### Contexto de la Sanción
El conflicto comenzó cuando Banco Estado presentó sus descargos el 11 de octubre de 2022, solicitando ser absuelto o que se le impusiera una sanción menor. En su defensa, el banco argumentó que había devuelto el dinero a los 488 clientes afectados, aunque no siempre dentro del plazo estipulado. Detalló que las devoluciones se realizaron en diferentes etapas, incluyendo casos que fueron atendidos antes y después de la presentación del reclamo, así como aquellos que se resolvieron tras recibir un oficio de la CMF.
Banco Estado también alegó que la Ley N°20.009 no debería aplicarse a su caso, argumentando que su conducta no era grave y que actuó de buena fe, basándose en su interpretación de la normativa. Afirmó que no obtuvo beneficios económicos de la infracción y que no causó daños ni riesgos a los clientes o al mercado. Además, destacó que nunca había sido sancionado por un caso similar y que colaboró durante toda la investigación.
La CMF, por su parte, justificó la multa de 4.000 UF en base a la gravedad de la conducta del banco, el beneficio económico obtenido, y el riesgo que su actuación representaba para el correcto funcionamiento del mercado y los intereses de los afectados. La resolución también tuvo en cuenta la capacidad económica del banco, que cuenta con un patrimonio total de casi 3 billones de pesos chilenos, y la existencia de una sanción anterior en enero de 2021.
### Reacciones y Consecuencias
Cristián Reyes, socio de Aninat Abogados, comentó sobre la decisión de la Corte Suprema, señalando que el monto de la multa es significativo y representa una respuesta clara del regulador ante las fallas acumulativas en el deber legal de restitución de fondos reclamados por los clientes. Reyes enfatizó que, al tratarse de una entidad estatal, la supervisión regulatoria debe ser equitativa, sin distinciones entre actores privados y públicos. Esto refuerza la necesidad de mantener estándares de cumplimiento que otorguen credibilidad al sistema regulatorio y financiero.
La decisión de la Corte Suprema no solo afecta a Banco Estado, sino que también envía un mensaje claro a otras instituciones financieras sobre la importancia de cumplir con las normativas vigentes y la responsabilidad que tienen hacia sus clientes. La sanción podría tener repercusiones en la forma en que los bancos manejan los casos de fraude y en su relación con los usuarios, quienes esperan una respuesta rápida y efectiva ante situaciones de este tipo.
La situación también pone de relieve la necesidad de una mayor transparencia y comunicación por parte de las entidades financieras, especialmente en lo que respecta a la gestión de fraudes y la protección de los derechos de los consumidores. En un contexto donde la confianza en el sistema financiero es crucial, la forma en que los bancos responden a estos desafíos puede influir significativamente en la percepción pública y en la estabilidad del sector.
