El caso del exsubsecretario Manuel Monsalve ha puesto de relieve la necesidad de un protocolo claro y efectivo para manejar denuncias de abuso sexual en el ámbito gubernamental. Este caso, que ha generado una crisis significativa en la administración del presidente Gabriel Boric, ha llevado al gobierno a desarrollar un nuevo conjunto de directrices que buscan evitar situaciones similares en el futuro.
La situación comenzó a tomar forma cuando se hicieron públicas las acusaciones de abuso sexual contra Monsalve, quien fue acusado de agredir a una de sus asesoras. La falta de un protocolo claro para abordar estas denuncias dejó al gobierno en una posición incómoda, lo que llevó a la entonces ministra del Interior, Carolina Tohá, a proponer la creación de un documento que estableciera un marco de actuación en casos de imputaciones de delitos graves. Sin embargo, la salida de Tohá del gabinete para participar en la primaria presidencial dejó el proceso en manos de su sucesor, Álvaro Elizalde, quien firmó el protocolo el 22 de mayo.
Este nuevo protocolo, titulado «Protocolo de actuación en caso de imputación de simples delitos y crímenes», consta de cinco páginas y tres capítulos que detallan las acciones a seguir ante acusaciones de este tipo. Entre las recomendaciones se incluye la presentación de una denuncia ante la sede penal, la iniciación de un procedimiento disciplinario interno y la posibilidad de solicitar la renuncia del funcionario acusado antes de que se produzca la formalización de la denuncia. Esto representa un cambio significativo respecto al anterior «criterio Tohá», que permitía que un funcionario acusado permaneciera en su cargo hasta que fuera formalmente imputado.
### Un Cambio Necesario en la Gestión de Crisis
La gestión del caso Monsalve ha sido criticada por su falta de claridad y efectividad, lo que ha llevado a la administración de Boric a enfrentar una de sus crisis más importantes. La autocrítica de Tohá en la comisión investigadora de la Cámara fue contundente, reconociendo que el gobierno no estaba preparado para manejar una situación de tal magnitud y que se había improvisado en su respuesta. Esta falta de preparación ha sido un punto de ataque para la oposición, que ha señalado que el manejo del caso perjudicó la imagen del presidente Boric.
El nuevo protocolo busca establecer un cortafuegos que evite que situaciones similares lleguen al escritorio del presidente sin una solución previa. En este sentido, se espera que los casos de denuncias sean manejados por la repartición correspondiente, lo que debería permitir una respuesta más ágil y efectiva. La idea es que, al momento de solicitar la renuncia de un funcionario, ya se haya iniciado un procedimiento disciplinario, lo que garantiza que se tomen acciones antes de que la situación se agrave.
El protocolo también establece que los funcionarios públicos tienen la obligación legal de denunciar cualquier delito del que tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones, dentro de un plazo máximo de 24 horas. Esto incluye la presentación de la denuncia ante la Policía de Investigaciones (PDI), Carabineros o el Ministerio Público, y la remisión de los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado. En caso de que no existan suficientes antecedentes para presentar una denuncia penal, se deberá iniciar un procedimiento disciplinario interno.
### Estructura del Protocolo y sus Implicaciones
El protocolo se divide en tres capítulos que abordan diferentes aspectos del manejo de denuncias. El primer capítulo se centra en las obligaciones de los funcionarios al tomar conocimiento de un posible delito. El segundo capítulo se enfoca en las labores administrativas que deben llevarse a cabo para encauzar institucionalmente la polémica, incluyendo la apertura de un sumario administrativo. Este apartado distingue entre delitos cometidos durante el ejercicio del cargo y aquellos que ocurren fuera de las funciones, lo que permite un análisis más exhaustivo de cada caso.
El tercer capítulo es especialmente relevante, ya que establece un nuevo enfoque para enfrentar las denuncias contra autoridades. A diferencia del anterior criterio, que permitía que un funcionario acusado permaneciera en su puesto hasta ser formalmente imputado, el nuevo protocolo permite que se solicite la renuncia antes de que se produzca la formalización, siempre que se haya iniciado un procedimiento disciplinario. Esto representa un cambio significativo en la forma en que el gobierno chileno aborda las acusaciones de abuso y otros delitos graves.
La implementación de este protocolo es un paso importante hacia la creación de un entorno más seguro y responsable dentro del gobierno. Sin embargo, su efectividad dependerá de la voluntad política de aplicar estas directrices de manera consistente y de la capacidad de los funcionarios para actuar con rapidez y determinación ante situaciones de abuso. La sociedad chilena espera que este nuevo enfoque no solo sirva para manejar crisis, sino que también contribuya a la construcción de una cultura de respeto y responsabilidad en el ámbito público.
