En un contexto de creciente debate sobre el papel del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en Chile, un grupo de diputados de Renovación Nacional ha presentado un proyecto de ley que busca modificar la forma en que se gestionan las querellas interpuestas por esta institución. La propuesta, impulsada por los jefes de bancada Miguel Mellado y Carla Morales, junto a la diputada Ximena Ossandón, plantea que los consejeros del INDH asuman los costos procesales en caso de que las querellas resulten fallidas. Esta iniciativa ha generado un amplio espectro de reacciones y cuestionamientos sobre su viabilidad y sus implicaciones para la defensa de los derechos humanos en el país.
La propuesta legislativa busca modificar la Ley N° 20.405, estableciendo que las querellas del INDH deberán contar con el voto unánime de los consejeros presentes en la sesión del Consejo. En caso de no alcanzar este consenso, se permitirá la aprobación por mayoría absoluta, pero con la condición de que los consejeros que voten a favor asuman la responsabilidad solidaria de los costos procesales. Esta medida, según sus autores, tiene como objetivo «racionalizar» el uso de las querellas y evitar su instrumentalización política.
### Contexto y Justificación de la Propuesta
La iniciativa surge en un momento crítico, marcado por los cuestionamientos al rol del INDH tras el estallido social de octubre de 2019. Durante este periodo, se presentaron numerosas acciones judiciales que, según los parlamentarios, carecían de la evidencia suficiente, lo que resultó en procesos fallidos y costos millonarios para el Estado. Un caso emblemático mencionado es el del excarabinero Sebastián Zamora, quien fue absuelto en el caso «Puente Pío Nono», lo que llevó al INDH a pagar $40 millones en costas judiciales. Otro ejemplo es el del funcionario naval Ricardo Seguel San Martín, cuya querella también terminó con el Instituto condenado al pago de $14 millones.
Los datos proporcionados por el INDH al Congreso son reveladores: de un total de 2.809 causas judiciales relacionadas con el estallido social, solo 51 han terminado en condenas, lo que representa un 1,82%. Esta situación ha llevado a los diputados a argumentar que el Instituto, cuya misión es proteger los derechos humanos, ha sido utilizado con fines políticos para perseguir a quienes mantienen el orden público. «La defensa de los derechos humanos debe ejercerse con seriedad, no con populismo judicial», afirmaron los autores del proyecto.
### Implicaciones para la Defensa de los Derechos Humanos
La propuesta legislativa plantea importantes interrogantes sobre el futuro del INDH y su capacidad para cumplir con su misión de proteger los derechos humanos en Chile. Al exigir que los consejeros asuman los costos de las querellas fallidas, se corre el riesgo de desincentivar la presentación de acciones judiciales que, aunque legítimas, puedan ser vistas como políticamente sensibles. Esto podría llevar a una disminución en la vigilancia de los derechos humanos, especialmente en un contexto donde la confianza en las instituciones está en entredicho.
Además, la modificación propuesta podría tener un efecto disuasorio sobre la presentación de querellas en casos donde la evidencia no sea concluyente, lo que podría resultar en una menor protección para las víctimas de violaciones a los derechos humanos. La necesidad de un consenso unánime para proceder con acciones judiciales podría llevar a una parálisis en la capacidad del INDH para actuar de manera efectiva, especialmente en situaciones de urgencia.
Por otro lado, los defensores de la propuesta argumentan que es necesario establecer mecanismos de control y responsabilidad dentro del INDH para evitar el uso indebido de las querellas. La idea de que los consejeros sean responsables de los costos podría fomentar una mayor deliberación y rigor en la evaluación de las acciones judiciales que se decidan emprender.
La discusión sobre esta propuesta legislativa se enmarca en un contexto más amplio de debate sobre la justicia y la rendición de cuentas en Chile. A medida que el país continúa lidiando con las secuelas del estallido social y las tensiones políticas que han surgido desde entonces, la forma en que se gestionan los derechos humanos y la justicia será un tema central en la agenda pública.
En resumen, la propuesta de ley presentada por los diputados de Renovación Nacional plantea un desafío significativo para el INDH y su capacidad para operar de manera efectiva en la defensa de los derechos humanos. Las implicaciones de esta iniciativa son profundas y podrían alterar el equilibrio entre la protección de los derechos humanos y la responsabilidad institucional en Chile.
