La figura de los asesores de confianza en el gobierno chileno ha suscitado un intenso debate en los últimos tiempos, especialmente con la llegada de un nuevo gobierno. La incertidumbre sobre cuántos asesores existen y cómo deben ser regulados ha llevado a especialistas y políticos a plantear la necesidad de establecer un marco normativo claro. Este artículo explora la situación actual de los asesores de confianza, su clasificación y la urgencia de una regulación adecuada.
La figura de los asesores de confianza es fundamental en la estructura del gobierno, pero su falta de regulación ha generado confusión y controversia. Según los ministros de Hacienda y del Trabajo, la cifra de estos asesores no está clara y su regulación es un tema que no puede seguir postergándose. Actualmente, el sistema de empleo público en Chile está regido por el Estatuto Administrativo de 1989, que establece diferentes categorías de trabajadores, pero no aborda de manera específica a los asesores de confianza.
### Clasificación de los Asesores de Confianza
Los asesores de confianza se dividen en dos categorías principales: los asesores de «exclusiva confianza» y los asesores «de confianza». Los primeros son aquellos que ocupan cargos de alta jerarquía en el gobierno, como ministros, subsecretarios y embajadores, y son designados directamente por el Presidente de la República. Estos funcionarios están sujetos a la libre remoción por parte del mandatario, lo que les otorga una gran flexibilidad, pero también una inestabilidad inherente a su posición.
Por otro lado, los asesores «de confianza» son aquellos que no forman parte de la estructura permanente del Estado, pero que son seleccionados por su cercanía y confianza con las autoridades políticas. Este grupo es más amplio y su número no está definido por la ley, lo que ha llevado a estimaciones que varían entre 5,000 y 8,000 personas. Esta falta de claridad en la definición y el número de asesores de confianza ha generado preocupación entre los expertos, quienes advierten que es necesario establecer criterios claros para su designación y permanencia.
José Antonio Valenzuela, director de Incidencia de Pivotes, estima que existen aproximadamente 2,500 funcionarios de exclusiva confianza, mientras que el número de asesores de confianza podría ser significativamente mayor. Esta disparidad en las cifras refleja la necesidad de una regulación que limite el número de asesores y establezca criterios claros para su selección.
### Propuestas para una Regulación Efectiva
La regulación de los asesores de confianza no solo es una cuestión de transparencia, sino que también es crucial para garantizar la estabilidad y la profesionalización del empleo público. Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, sugiere que se debe definir claramente cuáles son los cargos de exclusiva confianza política y establecer un límite en su número, sugiriendo que no debería superar el 1% del total del empleo público. Esto ayudaría a evitar la concentración de poder en un solo ministerio o servicio.
Además, Irarrázaval propone que los asesores de confianza deberían estar vinculados a la permanencia del gobierno que los designó y no deberían poder postular a cargos de carrera funcionaria mientras estén en su puesto. Esta medida busca evitar conflictos de interés y asegurar que los asesores se enfoquen en su labor sin la posibilidad de beneficiarse de su posición en el futuro.
Matías Acevedo, exdirector de Presupuestos, también ha planteado la creación de una figura de Asesores de Gobierno, que tendría un número acotado y cuya permanencia dependería de la autoridad que los nombró. Esta propuesta, aunque no prosperó en su momento, refleja la necesidad de un marco normativo que regule la figura de los asesores de confianza.
El próximo gobierno tiene la tarea de abordar esta problemática con seriedad. La regulación de los asesores de confianza es fundamental para garantizar una administración pública más transparente y profesional. Los expertos coinciden en que es necesario crear una categoría específica para estos asesores y separarla del resto de los funcionarios de carrera, limitando su número y estableciendo contratos temporales que finalicen automáticamente con la salida de la autoridad que los nombró.
La falta de regulación en la figura de los asesores de confianza no solo afecta la estructura del gobierno, sino que también puede tener repercusiones en la percepción pública sobre la transparencia y la eficacia del Estado. Por ello, es imperativo que el nuevo gobierno tome medidas concretas para regular esta figura y asegurar que el empleo público en Chile sea más estable y profesional.
