El 24° Juzgado Civil de Santiago ha emitido un fallo significativo en el que condena al Estado de Chile a pagar una indemnización de casi 500 millones de pesos a los propietarios de la ex Fuente Alemana, un emblemático local de comida en la capital. Esta decisión se deriva de una demanda presentada por los dueños, quienes argumentaron que la falta de servicio y protección por parte del Estado durante el estallido social afectó gravemente su negocio.
La jueza Mónica Cortés Rosso acogió parcialmente la demanda, reconociendo el daño derivado de la falta de servicio. La sentencia establece que el Estado deberá pagar un total de $420.632.333 por concepto de lucro cesante, además de compensaciones por daño moral que suman $55 millones, lo que eleva el total a $475.632.333. La abogada Josefina Escobar, representante de la familia Siri, destacó la importancia de este fallo, señalando que la justicia ha reconocido el abandono que sufrió la zona cero tras el estallido social.
### Contexto del Estallido Social y sus Consecuencias
El estallido social en Chile, que comenzó en octubre de 2019, trajo consigo una serie de manifestaciones y actos de violencia que impactaron a diversas áreas del país, incluyendo el comercio. La ex Fuente Alemana, ubicada en una de las zonas más afectadas, sufrió pérdidas significativas debido a la falta de seguridad y el desorden público que se extendió durante años. Según el fallo, el Estado no fue capaz de garantizar la seguridad en la zona durante al menos tres años, lo que resultó en un impacto directo en las operaciones del negocio.
Los propietarios, Carlo y Claudio Siri, habían solicitado inicialmente una indemnización de $1.200 millones, argumentando que la situación había llevado a un deterioro de su empresa, Comercial Plaza Italia SpA. Los balances financieros de la compañía muestran una tendencia preocupante, con utilidades en los años previos al estallido, pero pérdidas significativas en 2020, cuando la situación se tornó insostenible. En 2021, la empresa logró una leve recuperación, pero no fue suficiente para compensar los daños sufridos.
La sentencia también menciona actos de violencia que afectaron no solo a la propiedad privada, sino también a la pública, lo que generó un clima de inseguridad que desincentivó a los clientes y afectó la reputación del local. La jueza hizo referencia a la falta de acción efectiva por parte de las autoridades, quienes, a pesar de los anuncios de resguardo y seguridad, no lograron contener la violencia que se desató en la zona.
### Reacciones y Futuras Acciones Legales
La decisión del tribunal ha generado diversas reacciones. La familia Siri ha expresado su satisfacción con el fallo, aunque también han manifestado su intención de apelar, buscando una indemnización más acorde con los daños sufridos. La abogada Escobar enfatizó que este fallo es un paso importante hacia el reconocimiento de las responsabilidades del Estado en situaciones de crisis, y que esperan que la apelación lleve a una revisión más profunda de las circunstancias que llevaron a la demanda.
El fallo también ha puesto de relieve la necesidad de que el Estado implemente medidas más efectivas para garantizar la seguridad y el orden público, especialmente en áreas que han sido históricamente vulnerables a la violencia y el desorden social. La situación de la ex Fuente Alemana es un claro ejemplo de cómo las crisis pueden afectar no solo a las personas, sino también a los negocios y la economía local.
En el contexto más amplio, este caso podría sentar un precedente en la forma en que se manejan las indemnizaciones por daños derivados de la falta de servicio del Estado. La justicia ha comenzado a reconocer que la responsabilidad del Estado no se limita a la protección de los ciudadanos, sino que también se extiende a la protección de sus medios de vida y la estabilidad económica de las comunidades.
A medida que la familia Siri avanza con su apelación, el caso seguirá siendo un punto focal en el debate sobre la responsabilidad del Estado en situaciones de crisis y la necesidad de una respuesta más efectiva ante el desorden público. La resolución de este caso podría influir en futuras decisiones judiciales y en la forma en que se abordarán las demandas de indemnización en el país.
