A menos de cuatro meses de haber asumido la presidencia de Perú, José Jerí se encuentra en el centro de un nuevo escándalo que ha levantado serias preocupaciones sobre la transparencia de su administración. Este caso se suma a las acusaciones previas conocidas como Chifagate, donde se le acusó de mantener reuniones clandestinas con empresarios chinos. La situación actual involucra la contratación de al menos cinco mujeres que, según informes, obtuvieron contratos con el Estado poco tiempo después de reunirse con el presidente en su despacho en horarios nocturnos y días feriados.
Las acusaciones han sido reportadas por medios locales, que indican que las visitas de estas mujeres, que oscilan entre los 30 y 40 años, fueron registradas oficialmente. Sin embargo, lo que ha generado mayor controversia es el hecho de que, días o semanas después de estas reuniones, las mujeres en cuestión recibieron órdenes de servicio o designaciones en diversas entidades públicas, con remuneraciones que alcanzan hasta los 3.000 dólares mensuales.
Uno de los casos más destacados es el de una ingeniera ambiental que visitó el Palacio de Gobierno el 1 de noviembre, permaneciendo allí hasta pasada la medianoche. Veinte días después de su visita, recibió una orden de servicio que le permitió abrir una plaza en EsSalud, y una semana más tarde fue contratada por el Ministerio del Ambiente. Esta profesional no asistió sola, sino que estuvo acompañada por otra mujer que también fue requerida por el despacho presidencial para prestar servicios de comunicación interna. Tras la difusión de la información, ambas renunciaron a sus cargos, alegando que habían sido objeto de una injusta exposición pública.
La ingeniera, en un oficio, defendió su idoneidad y denunció las insinuaciones de carácter personal y sexual que se habían hecho en su contra. Las redes sociales también se han visto inundadas de fotografías de ambas mujeres junto a Jerí, tomadas antes de su llegada a la presidencia y durante su ceremonia de toma de posesión. Además de la ingeniera, otras personas involucradas en este escándalo incluyen a dos abogadas y una asesora en asuntos internacionales.
La reacción del gobierno peruano ante estas acusaciones ha sido variada. Inicialmente, el Ejecutivo rechazó las acusaciones y advirtió sobre posibles acciones legales contra los medios que consideraron estaban utilizando la información de manera malintencionada. Sin embargo, horas después, la Presidencia emitió un nuevo comunicado en el que afirmaba que todos los procesos de contratación se habían realizado conforme a la ley, sin incluir amenazas judiciales.
Este escándalo ha escalado rápidamente a los organismos de control. La Contraloría ha solicitado antecedentes al despacho presidencial y a dos ministerios sobre los contratos otorgados, mientras que la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios ha abierto una investigación preliminar por un posible delito contra la administración pública. Si se detectan irregularidades o un posible direccionamiento indebido, el expediente podría ser elevado al fiscal de la Nación, Tomás Gálvez.
Nuevas revelaciones han surgido en torno a este caso. Un programa de televisión local ha informado sobre otras 14 mujeres vinculadas al entorno del mandatario que habrían sido contratadas sin cumplir con el perfil técnico requerido. Además, un periodista ha denunciado una visita prolongada ocurrida el 31 de octubre, donde una ex asesora de Jerí ingresó al Palacio a las cinco de la tarde y se retiró a la mañana siguiente, siendo posteriormente contratada por el Ejecutivo.
Este escándalo no solo pone en tela de juicio la ética de las contrataciones realizadas por el gobierno de Jerí, sino que también refleja un patrón preocupante en la política peruana, donde la corrupción y la falta de transparencia han sido temas recurrentes. La ciudadanía y los organismos de control están a la expectativa de cómo se desarrollará esta situación y qué medidas se tomarán para garantizar la integridad en la administración pública.
La situación actual de José Jerí es un recordatorio de la fragilidad de la confianza pública en las instituciones gubernamentales y la necesidad de una mayor vigilancia y rendición de cuentas en el ejercicio del poder. A medida que avanza la investigación, el futuro político del presidente podría verse comprometido, dependiendo de los hallazgos y la respuesta de la sociedad peruana ante este nuevo escándalo.
