La reciente discusión en torno a la reforma constitucional que buscaba reducir la dieta y eliminar las asignaciones para expresidentes en Chile ha dejado un panorama legislativo complejo. A pesar de que la Cámara de Diputados rechazó esta iniciativa, el tema sigue siendo objeto de debate y podría resurgir en el contexto de la Ley de Presupuesto de 2026. Esta situación plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de los gastos asociados a los expresidentes y el impacto que esto tendrá en el futuro político del país.
La reforma en cuestión fue impulsada por un grupo de diputados, entre ellos figuras como Pamela Jiles y Carlos Bianchi, quienes argumentaban que era necesario regular o eliminar la pensión que recibiría el actual presidente Gabriel Boric una vez que deje su cargo en marzo de 2026. A pesar del rechazo a la idea de legislar sobre esta reforma, algunos legisladores han manifestado su intención de volver a abordar el tema en el futuro, especialmente en el marco de la discusión presupuestaria.
Uno de los puntos más controvertidos de esta discusión es la interpretación de la Ley 19.762, que establece las dietas de los expresidentes. Según esta ley, las dietas tienen un respaldo constitucional, mientras que los gastos de oficina, personal y viajes no son necesariamente obligatorios. Esto ha llevado a la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda (Dipres) a establecer un criterio que considera un fondo de 830 millones de pesos para los exgobernantes, lo que incluye no solo las dietas, sino también otros gastos asociados a su funcionamiento.
### La Ley de Presupuesto 2026 y sus Implicaciones
El proyecto de Ley de Presupuesto 2026 ha sido un punto focal en esta discusión, ya que establece un aumento significativo en los recursos destinados a los expresidentes. Hasta este año, el gasto anual para estos exmandatarios era de 679 millones de pesos, pero con la nueva ley se prevé un incremento de 151 millones, lo que representa un 22,3% adicional. Este aumento corresponde a lo que Boric recibiría entre el 11 de marzo y el 31 de diciembre de 2026, y se plantea la posibilidad de que este monto se renueve anualmente.
La Dipres ha argumentado que estos recursos son necesarios para garantizar el funcionamiento de las oficinas de los expresidentes y cubrir sus gastos de traslado. Sin embargo, la categorización de estos gastos como «ley permanente» ha generado preocupación entre algunos parlamentarios, quienes temen que esto limite la capacidad del Congreso para modificar o rechazar estos gastos en el futuro. La Constitución establece que el Congreso no puede aumentar ni disminuir los ingresos estimados, lo que significa que solo puede reducir los gastos, salvo aquellos que estén establecidos por ley permanente.
Este cerrojo legislativo podría llevar a un escenario en el que los gastos de oficina, personal y traslados de los expresidentes se conviertan en una carga financiera que el Congreso no podrá modificar fácilmente. Algunos legisladores han expresado su intención de impugnar esta categorización, pero el Ejecutivo podría defender su postura ante el Tribunal Constitucional, donde se presume que existe una mayoría oficialista.
### Reacciones y Perspectivas Futuras
La discusión sobre la pensión de los expresidentes ha generado reacciones diversas en la sociedad chilena. Por un lado, hay quienes consideran que es necesario regular estos gastos, especialmente en un contexto donde la ciudadanía demanda mayor transparencia y responsabilidad en el uso de los recursos públicos. Por otro lado, hay quienes argumentan que los expresidentes merecen un trato digno y que los gastos asociados a su función son justificados.
La posibilidad de que este tema resurja en el debate legislativo en el futuro es real, especialmente si se considera que la reforma constitucional que buscaba modificar la dieta de los expresidentes fue rechazada, pero no descartada. La discusión en torno a la Ley de Presupuesto 2026 podría ser el escenario ideal para que los legisladores vuelvan a plantear sus inquietudes sobre este tema.
En resumen, la situación actual en torno a la pensión de los expresidentes en Chile es un reflejo de las tensiones políticas y sociales que enfrenta el país. A medida que se acercan las elecciones y se intensifican las demandas de la ciudadanía, es probable que este tema siga siendo objeto de debate y controversia en el futuro cercano.
