El próximo 30 de septiembre de 2025, el Presidente Gabriel Boric presentará los ejes fundamentales del Presupuesto Nacional 2026 a través de una cadena nacional. Este evento se anticipa como uno de los más complejos en años recientes, dado que se desarrollará en un contexto marcado por las elecciones presidenciales y parlamentarias. La presentación del proyecto presupuestario será seguida por la divulgación del Informe de Finanzas Públicas y el Estado de la Hacienda Pública, lo que permitirá a los ciudadanos y a los legisladores tener una visión más clara de la situación económica del país.
**Proyecciones de Ingresos y Déficit Fiscal**
Uno de los temas que se espera genere un intenso debate es el relacionado con las proyecciones de ingresos fiscales. En los últimos tres años, estas proyecciones han sido sobreestimadas, lo que ha contribuido a un aumento en los déficits fiscales más allá de lo previsto. Por ejemplo, en 2024, los ingresos fiscales fueron inferiores a lo que se había estimado en la Ley de Presupuestos, resultando en un déficit fiscal estructural del 3,2% del PIB, en comparación con el compromiso previo de 1,9% del PIB.
Para el año en curso, la situación parece igualmente complicada. Hasta julio, los ingresos fiscales alcanzaron los $42.546.935 millones, lo que representa un crecimiento real del 6,3% en comparación con el mismo período del año anterior. Sin embargo, la proyección original del gobierno era de un crecimiento anual del 8,4%, lo que implicaría una recaudación total de $76.149.913 millones. Para alcanzar esta meta, los ingresos entre agosto y diciembre deben aumentar un 11,2%, un objetivo que muchos consideran difícil de lograr.
**Limitaciones en el Gasto Público**
Otro de los grandes retos que enfrenta el Presupuesto 2026 es la necesidad de abordar las prioridades de la ciudadanía dentro de un marco de gasto público limitado. Los expertos del comité de PIB tendencial han estimado un crecimiento del 2,6% anual para 2026, con un precio del cobre a largo plazo fijado en US$4,38 la libra. Esto sugiere que el espacio fiscal para aumentar el gasto será inferior al 2%, lo que complica aún más la tarea del gobierno.
Además, se debe considerar el tema de los fondos de libre disposición. Dado que este presupuesto será ejecutado por un nuevo gobierno, la tradición establece que se deben dejar recursos disponibles para facilitar la instalación de la nueva administración y permitirle implementar sus prioridades en los primeros meses. Históricamente, se han dejado entre US$600 millones y US$700 millones para este propósito. En el último cambio de gobierno en 2022, este monto fue de $339.940 millones.
Para el presupuesto de 2026, la Comisión Revisora del gasto público ha recomendado al gobierno que elimine la provisión de fondos de libre disposición y la reemplace por una facultad explícita y acotada del Presidente para reasignar recursos entre partidas durante el primer semestre de gobierno. Esta medida permitiría una reasignación de hasta el 10% del presupuesto en curso, sin aumentar el gasto total, y se informaría trimestralmente al Congreso, lo que garantizaría flexibilidad con control y transparencia.
La presentación del Presupuesto Nacional 2026 no solo será un ejercicio técnico, sino que también reflejará las tensiones políticas y sociales que enfrenta el país. La capacidad del gobierno para gestionar estos desafíos será crucial para su legitimidad y para la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas. A medida que se acerque la fecha de la presentación, será fundamental seguir de cerca las reacciones de los distintos actores políticos y sociales, así como las propuestas que surjan en el debate legislativo.
La discusión sobre el presupuesto no es solo una cuestión de números, sino que también implica decisiones que afectarán la vida de millones de chilenos. Por lo tanto, es esencial que el proceso sea transparente y que se escuchen las voces de todos los sectores de la sociedad. La forma en que se manejen estos temas en el próximo presupuesto podría tener repercusiones significativas en el futuro económico y social del país.
