En el contexto del inminente debate sobre la Ley de Presupuestos 2026, el secretario general del Frente Amplio, Andrés Couble, ha abordado la polémica en torno a la dieta de los expresidentes, en particular la que corresponderá al actual presidente Gabriel Boric una vez que deje su cargo. Durante una entrevista en Estadio Nacional de TVN, Couble planteó la necesidad de considerar el impacto que tendría para el país que Boric, al convertirse en expresidente, tuviera que buscar empleo en el sector privado. «¿Se imagina el problema que el Presidente Boric, siendo expresidente, vaya a tocar la puerta a los privados o a cualquier lado a pedir trabajo?», cuestionó Couble, enfatizando que el manejo de información estratégica por parte de Boric podría generar complicaciones en su reintegración al ámbito laboral.
El debate se intensifica en un momento en que la Ley de Presupuestos se encuentra en el centro de la atención pública. Couble defendió la necesidad de establecer una dieta que garantice cierta estabilidad económica para Boric, argumentando que, aunque el monto pueda parecer elevado en comparación con el sueldo mínimo, representa solo una fracción mínima del presupuesto total, específicamente un 0,001% de los 6.000 millones de dólares que se planean recortar. «Hacer este punto, que es un poquito populista, creo que es un problema para las tradiciones republicanas que dicen defender», concluyó.
La ministra vocera del gobierno, Camila Vallejo, y el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, también se han pronunciado sobre este tema, defendiendo la decisión de la Dirección de Presupuestos (Dipres) de clasificar las dietas y asignaciones de los expresidentes como un gasto de «ley permanente». Vallejo subrayó que la fijación de estas dietas es un mandato constitucional, lo que implica que la ley debe reflejar este mandato sin distinción de la persona que ocupe el cargo. «Aquí no hay ninguna innovación y más allá de la discusión de fondo, esto está resuelto por los términos constitucionales», afirmó Vallejo, insistiendo en que la ley se aplica de manera general y no de forma particular a un expresidente.
Elizalde, por su parte, destacó que se está cumpliendo con el mandato constitucional y que cualquier intento de modificar este mecanismo fue rechazado por el Congreso. «Hubo un debate, se presentó una reforma constitucional por algunos parlamentarios para modificar el mecanismo que existe. Ésta fue rechazada en su idea de legislar, por tanto, el Congreso ya rechazó cualquier cambio», explicó Elizalde, reafirmando que la Ley de Presupuestos debe cumplir con lo que establece la Constitución.
La Cámara de Diputados, en un movimiento significativo, rechazó un proyecto que buscaba reformular los requisitos para las dietas de los expresidentes. Entre las modificaciones propuestas se incluía la restricción del pago de asignaciones para la mantención de oficinas y personal de apoyo, así como la limitación de estas dietas a expresidentes mayores de 65 años. Este rechazo ha generado un debate más amplio sobre la necesidad de revisar la normativa que rige las dietas y asignaciones de los expresidentes, especialmente en un contexto donde la percepción pública sobre el uso de recursos públicos es cada vez más crítica.
El tema de las dietas de los expresidentes no solo toca aspectos económicos, sino que también plantea cuestiones éticas y de transparencia en la gestión pública. La discusión se enmarca en un contexto donde la ciudadanía demanda mayor responsabilidad y rendición de cuentas por parte de sus líderes. La percepción de que las dietas son excesivas en comparación con los ingresos promedio de la población puede generar un descontento social que los políticos deben considerar en sus decisiones.
A medida que se aproxima la discusión en el Parlamento sobre la Ley de Presupuestos 2026, es probable que el tema de las dietas de los expresidentes continúe siendo un punto de fricción entre los diferentes sectores políticos y la ciudadanía. La forma en que se maneje esta situación podría tener repercusiones en la percepción pública del gobierno y en la confianza en las instituciones. La necesidad de un debate abierto y transparente sobre este asunto es más relevante que nunca, especialmente en un momento en que la política chilena enfrenta desafíos significativos en términos de legitimidad y apoyo popular.
