La situación de Sartor Administradora General de Fondos (AGF) ha tomado un giro significativo tras la decisión del juez Matías Franulic del 29º Juzgado Civil de Santiago, quien ha aceptado la solicitud de liquidación voluntaria presentada por la empresa. Esta decisión se produce en un contexto de serias irregularidades y conflictos de interés que han llevado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) a intervenir en la gestión de Sartor AGF. La resolución del tribunal no solo implica la liquidación de la empresa, sino que también establece la incautación de todos sus bienes y documentos, lo que marca un hito en la crisis que enfrenta la administradora de fondos.
La figura del abogado Eduardo Godoy ha cobrado relevancia al ser nombrado como liquidador titular del proceso. Este proceso se rige por la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento, y se espera que la primera Junta de Acreedores se lleve a cabo el 13 de enero de 2026. En el documento emitido por el juez, se advierte al público que no deben realizar pagos ni entregar mercaderías a la empresa deudora, lo que pone en evidencia la gravedad de la situación.
### Contexto de la Liquidación
La crisis de Sartor AGF se ha intensificado desde que la CMF detectó irregularidades en su gestión. En un oficio confidencial emitido el 8 de noviembre de 2024, la CMF informó a la administradora sobre serias irregularidades que comprometían la integridad de los fondos administrados. Estas irregularidades incluían conflictos de interés que violaban la Ley Única de Fondos, lo que llevó a la suspensión de los rescates de los fondos rescatables administrados por Sartor AGF el 6 de diciembre de 2024.
El 20 de diciembre de 2024, la CMF revocó la autorización de existencia de Sartor AGF y nombró a Fernando Pérez Jiménez como liquidador. Sin embargo, esta decisión fue revertida el 27 de diciembre de 2024, cuando Ricardo Budinich fue designado como nuevo liquidador. Esta serie de cambios en la administración del proceso de liquidación ha generado incertidumbre entre los acreedores y accionistas de la empresa.
La defensa de Sartor AGF ha calificado la liquidación como improcedente, argumentando que las acciones del liquidador y de la CMF son ilegales y arbitrarias. Pedro Pablo Larraín, presidente y principal dueño del Grupo Sartor, ha enfrentado una multa histórica de UF 80.000 (equivalente a $3.171 millones) por parte de la CMF, además de una inhabilidad temporal de cinco años para ejercer cargos directivos. Esta multa se produce en un contexto donde se ha cuestionado la transparencia y la ética en la gestión de la empresa.
### Acciones Legales y Controversias
La situación legal de Sartor AGF se ha complicado aún más con la reciente presentación de una querella criminal por parte de Larraín contra el interventor Ricardo Budinich, acusándolo de estafa. Esta acción legal se suma a la querella previamente interpuesta contra la presidenta de la CMF, Solange Berstein, por emitir una “opinión anticipada” sobre las multas aplicadas a la AGF y sus directores. La defensa de Larraín sostiene que estas acciones han causado un daño significativo a los aportantes y accionistas de la empresa.
La querella contra Budinich se encuentra actualmente reservada en el sistema judicial, lo que ha generado expectativas sobre el desarrollo de este caso. La defensa argumenta que las decisiones tomadas por la CMF y el interventor han estado marcadas por un sesgo que perjudica a la empresa y sus accionistas. En respuesta a estas acusaciones, Berstein ha defendido la legalidad de las acciones de la CMF, afirmando que todas las decisiones han sido ratificadas por los tribunales.
La situación de Sartor AGF es un claro ejemplo de las complejidades que pueden surgir en el ámbito de la administración de fondos y la regulación del mercado financiero. La combinación de irregularidades, conflictos de interés y acciones legales ha llevado a una crisis que no solo afecta a la empresa, sino también a sus acreedores y al mercado en general. A medida que se acercan las fechas clave, como la primera Junta de Acreedores, el futuro de Sartor AGF y sus accionistas sigue siendo incierto, dejando en el aire muchas preguntas sobre la transparencia y la ética en la gestión de fondos en el país.
