La alcaldesa de San Miguel, Carol Bown, ha estado en el centro de una controversia tras la reciente consulta ciudadana que buscó cambiar el nombre de la Avenida Salvador Allende a su antigua denominación, Salesianos. Este proceso ha generado un intenso debate entre los residentes de la comuna y los parlamentarios oficialistas, quienes han cuestionado la validez y la metodología de la consulta. En este artículo, exploraremos los detalles de la consulta, las reacciones de los involucrados y el contexto político que rodea esta situación.
La consulta ciudadana, que se llevó a cabo durante cinco meses, reveló que un 82% de los vecinos de la Avenida Salvador Allende estaban a favor de regresar al nombre anterior. La alcaldesa Bown defendió el proceso, afirmando que fue «transparente y respetuoso» y que se enfocó en los residentes directamente afectados por el cambio de nombre. En su declaración, Bown enfatizó que su administración se comprometió a escuchar la voz de la comunidad, a diferencia de la gestión anterior. «Esta administración sí preguntó la opinión a los vecinos», afirmó, invitando a los críticos a acercarse a la avenida y consultar a los residentes sobre su opinión.
Sin embargo, la respuesta de algunos parlamentarios y concejales oficialistas no se hizo esperar. Acusaron a la alcaldesa de tener un sesgo ideológico en la consulta y cuestionaron la representatividad de los resultados. En este sentido, oficiaron a la Contraloría para investigar los recursos y la metodología utilizados en la consulta. Bown, por su parte, defendió la legitimidad del proceso, argumentando que la democracia no debe ser interpretada según conveniencias ideológicas. «Las consultas no son válidas solo si confirman la opinión de quien las evalúa», señaló, subrayando la importancia de respetar la voz de la comunidad, incluso cuando esta no coincide con ciertas posturas políticas.
La alcaldesa también hizo referencia a un pronunciamiento reciente de la Contraloría General de la República, que validó la consulta realizada por la municipalidad. Según el documento, la municipalidad tiene la facultad de establecer instancias de participación ciudadana, siempre que estén asociadas a un interés local. Este respaldo institucional refuerza la posición de Bown y su administración en este debate.
A pesar del apoyo que recibió la alcaldesa, el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC) se pronunció en contra del cambio de nombre, respaldando la conservación del nombre actual, Salvador Allende, con una votación de 7 a 4. Sin embargo, es importante destacar que este órgano no tiene carácter vinculante, y será el Concejo Municipal quien tome la decisión final sobre el asunto, lo que se espera que ocurra el próximo 12 de agosto.
La situación en San Miguel es un claro reflejo de las tensiones políticas que persisten en el país, especialmente en torno a figuras históricas como Salvador Allende. El nombre de la avenida no solo representa una cuestión de nomenclatura, sino que también evoca profundas divisiones ideológicas en la sociedad chilena. La figura de Allende, quien fue presidente de Chile y murió durante el golpe de Estado de 1973, sigue siendo un símbolo de la lucha por la democracia y los derechos humanos para muchos, mientras que otros lo ven como un representante de un periodo de polarización y conflicto.
En este contexto, la consulta ciudadana se convierte en un microcosmos de las tensiones más amplias que enfrenta el país. La alcaldesa Bown ha hecho un llamado a la responsabilidad a aquellos que cuestionan la decisión democrática de la consulta, instando a todos a respetar las reglas de la democracia y aceptar los resultados, incluso si no son del agrado de todos. La defensa de la participación ciudadana y la transparencia en la gestión pública son temas cruciales en la agenda política actual, y este caso en San Miguel es un ejemplo de cómo se manifiestan en la práctica.
A medida que se acerca la fecha de la decisión final del Concejo Municipal, la atención se centra en cómo se resolverá esta controversia. La comunidad de San Miguel, y en particular los residentes de la Avenida Salvador Allende, están a la espera de una resolución que refleje su voluntad y que, al mismo tiempo, respete la diversidad de opiniones que existen en torno a este tema. La situación no solo es un desafío para la alcaldesa Bown, sino también para el futuro de la participación ciudadana en la política local y nacional.
