La mañana del miércoles, un grupo de diputados de oposición se presentó en las dependencias de la Contraloría General de la República para discutir el Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG). Este programa, que busca ofrecer apoyo psicosocial a niños, niñas y adolescentes trans o de género no conforme, ha sido objeto de controversia y críticas por parte de algunos sectores políticos. Durante la reunión con la contralora Dorothy Pérez, los parlamentarios entregaron un informe que sugiere la suspensión inmediata de la ejecución del PAIG.
La presidenta de la Comisión Investigadora, Flor Weisse Novoa, explicó que la solicitud de auditorías se extiende a diversas instituciones, incluyendo hospitales, servicios de salud, el Ministerio de Educación, Junji y municipios. El objetivo es evaluar cómo se está implementando el programa y si se están cumpliendo los protocolos establecidos. Weisse Novoa enfatizó la necesidad de un control de legalidad que analice los reglamentos y resoluciones que han permitido la expansión del programa más allá de su concepción original.
### Críticas al Programa y Derechos de los Padres
Las críticas al PAIG no se limitan a su implementación, sino que también se centran en la percepción de que el programa vulnera el derecho de los padres a decidir sobre la educación y el bienestar de sus hijos. La diputada Francesca Muñoz argumentó que el programa infringe el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, señalando que es fundamental que los padres tengan la autoridad en decisiones que afectan a sus hijos, especialmente en temas tan delicados como la identidad de género.
En este contexto, los legisladores han manifestado su intención de impulsar cambios legislativos, como la modificación de la Circular 812 del Ministerio de Educación, que, según ellos, representa una vulneración a los derechos de los padres. La diputada Muñoz expresó su deseo de que las auditorías comiencen en los próximos meses, lo que refleja la urgencia que sienten algunos sectores políticos sobre este tema.
El diputado Stephan Schubert, por su parte, mencionó que la comisión ha identificado varias infracciones normativas relacionadas con el PAIG. Afirmó que es crucial que la Contraloría investigue estas infracciones y que se restablezcan las normas que han sido alteradas. La contralora, en respuesta, indicó que avanzará en la investigación, aunque advirtió que se trata de un proceso complejo debido a la participación de múltiples entidades y la diversidad de regulaciones que cada una de ellas aplica.
### Implicaciones de las Auditorías
Las auditorías solicitadas por los diputados tienen el potencial de generar un impacto significativo en la forma en que se implementan los programas de acompañamiento a la identidad de género en el país. Si se determina que hay irregularidades o que el programa no se está llevando a cabo de acuerdo con las normativas vigentes, esto podría llevar a una revisión completa de las políticas relacionadas con la identidad de género en el ámbito educativo y de salud.
Además, el resultado de estas auditorías podría influir en la percepción pública sobre el PAIG y en la manera en que se abordan los derechos de los niños y adolescentes trans. La discusión sobre la identidad de género y los derechos de los menores es un tema delicado que ha generado divisiones en la sociedad, y las decisiones que se tomen en este contexto podrían tener repercusiones a largo plazo.
La situación actual refleja un momento crítico en el que se están confrontando diferentes visiones sobre la educación, la salud y los derechos de los menores. Mientras algunos abogan por un enfoque inclusivo que respete la identidad de género de los niños, otros sostienen que es fundamental proteger los derechos de los padres y garantizar que tengan voz en las decisiones que afectan a sus hijos.
A medida que avanza la discusión sobre el PAIG y las auditorías solicitadas, es probable que el debate se intensifique, involucrando no solo a los legisladores, sino también a la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos y grupos de padres. La forma en que se resuelva esta controversia podría sentar un precedente importante para futuras políticas relacionadas con la identidad de género y los derechos de los menores en el país.
