En un giro inesperado de los acontecimientos, el Gobierno Regional de Antofagasta ha decidido mantener en sus puestos a dos altos funcionarios, Lizza Aravena y Ángel González, a pesar de que ambos han sido formalizados por fraude al fisco en el marco de la investigación conocida como «Comprometidos». Este caso ha generado un gran revuelo en la opinión pública, especialmente considerando la gravedad de las acusaciones y el monto involucrado en el convenio que se investiga.
### Contexto del Caso «Comprometidos»
La investigación que ha llevado a la formalización de Aravena y González se centra en un convenio de $144 millones firmado entre el Gobierno Regional de Antofagasta y la Fundación Comprometidos, destinado a un programa de esterilización de mascotas en la comuna de Tocopilla. Este convenio ha sido cuestionado por su falta de transparencia y por las irregularidades que se han detectado en la gestión de los fondos.
La formalización de estos funcionarios se realizó en el Juzgado de Garantía de Copiapó, donde la Fiscalía de Atacama presentó las pruebas que sustentan las acusaciones. Sin embargo, a pesar de la seriedad de los cargos, el tribunal no dictó medidas cautelares contra los imputados, lo que ha llevado al Gobierno Regional a reafirmar su confianza en ellos.
El caso «Comprometidos» no es un hecho aislado, ya que se ha ampliado a otras regiones del país, incluyendo Arica, donde se investiga un convenio por $246 millones. La situación ha puesto en el centro del debate la gestión de los recursos públicos y la responsabilidad de los funcionarios en el manejo de estos fondos.
### La Defensa del Gobierno Regional
El Gobierno Regional de Antofagasta ha emitido una declaración pública en la que defiende la continuidad de Aravena y González en sus cargos. En esta declaración, se enfatiza que la formalización no implica una condena y que, según la legislación vigente, no constituye causal de destitución en el servicio público. La institución ha manifestado su confianza en el actuar de sus funcionarios y en el esclarecimiento de los hechos.
«Queremos insistir en la confianza que tenemos como Gobierno Regional en el actuar de nuestros funcionarios y en el esclarecimiento de los hechos», se lee en la declaración. Además, se subraya que la presunción de inocencia es un derecho fundamental que debe ser respetado hasta que se demuestre lo contrario.
A pesar de las críticas y la presión social, el GORE ha decidido mantener a ambos funcionarios en sus puestos, donde continúan recibiendo sueldos que superan los $3,7 millones mensuales. Lizza Aravena, exjefa de gabinete del gobernador Ricardo Díaz, tiene una remuneración bruta de $3.749.360, mientras que Ángel González, actual jefe de la División de Desarrollo Social y Humano, percibe $4.240.783.
La decisión de mantener a estos funcionarios en sus cargos ha generado un debate sobre la ética y la responsabilidad en la administración pública. Muchos ciudadanos se preguntan cómo es posible que, a pesar de estar formalizados por delitos graves, estos funcionarios sigan en sus puestos y percibiendo altos salarios.
### Reacciones de la Comunidad y el Futuro del Caso
La comunidad de Antofagasta ha reaccionado con indignación ante la decisión del GORE. Grupos de ciudadanos y organizaciones sociales han comenzado a movilizarse, exigiendo una mayor transparencia y responsabilidad en la gestión de los recursos públicos. La situación ha puesto de manifiesto la necesidad de una revisión profunda de los procedimientos y controles en la administración pública, especialmente en lo que respecta a la gestión de convenios y fondos.
El caso «Comprometidos» sigue en curso y se espera que la investigación avance en los próximos meses. La Fiscalía de Atacama ha indicado que se están recopilando más pruebas y testimonios que podrían arrojar luz sobre las irregularidades en la gestión de los fondos. Mientras tanto, el GORE de Antofagasta ha asegurado que cualquier decisión administrativa que se tome será comunicada oportunamente, resguardando el funcionamiento institucional.
La situación actual plantea interrogantes sobre la ética en la administración pública y la necesidad de garantizar que los funcionarios públicos actúen en beneficio de la comunidad. La presión social y la demanda de transparencia podrían llevar a cambios significativos en la forma en que se gestionan los recursos públicos en la región de Antofagasta y en todo el país.
