El impuesto territorial, que se traduce en el cobro de contribuciones, ha sido un tema de intenso debate en el ámbito político y técnico en Chile. La reciente intervención del director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, ha generado reacciones diversas, especialmente tras su defensa de la eliminación del “factor comercial” en el cálculo de las contribuciones en Santiago Centro. Etcheberry argumentó que el 85% de los adultos mayores que deben pagar este impuesto están exentos gracias a diversas medidas de apoyo. Sin embargo, la situación ha llevado a la senadora Ximena Rincón, presidenta de la Comisión de Hacienda y miembro del partido Demócratas, a tomar un papel protagónico en la discusión, presentando un proyecto de ley de reforma constitucional que busca congelar el aumento de este tributo hasta que se realicen mejoras en la legislación que regula las contribuciones.
La propuesta, que cuenta con el respaldo de varios senadores, tiene como objetivo proteger a los contribuyentes de aumentos desmedidos que, según Rincón, han llevado a muchas familias a endeudarse o incluso a vender sus hogares. «Hemos presentado dos proyectos, una reforma constitucional y una legal, para detener la injusticia en el aumento de las contribuciones para los chilenos y chilenas. Hay miles, no solo el 20% más rico, que se han tenido que endeudar o derechamente vender su casa por el alza en este impuesto», declaró Rincón. La senadora enfatiza que el director del SII ha admitido que los criterios para estas alzas no son claros, lo que ha llevado a incrementos de hasta el 50% en algunos casos, lo que ella considera inaceptable.
La moción legislativa presentada por Rincón busca establecer una base sólida y moderna que garantice que el ejercicio del poder tributario se realice dentro de los límites de un Estado de Derecho democrático. En este sentido, la propuesta se alinea con los principios establecidos en los numerales 20º y 26º del artículo 19 de la Constitución chilena, que abogan por la justicia tributaria y la protección de los derechos ciudadanos. La senadora argumenta que el diseño y aplicación del impuesto territorial deben respetar la seguridad jurídica y garantizar un sistema tributario transparente y justo, evitando cargas arbitrarias que puedan limitar derechos fundamentales relacionados con el patrimonio y la estabilidad económica de las familias.
Uno de los puntos más críticos de la propuesta es la necesidad de que las alzas en las contribuciones sean proporcionales a las rentas, evitando así tributos desproporcionados o injustos. La experiencia reciente ha evidenciado que las alzas abruptas y poco transparentes han afectado especialmente a los sectores más vulnerables, generando un desajuste entre la función recaudatoria del Estado y la protección efectiva de los derechos de los contribuyentes. La iniciativa establece que, mientras no se implemente una ley que regule el impuesto territorial conforme a los principios de legalidad, transparencia, igualdad y progresividad tributaria, el monto vigente de dicho tributo se mantendrá inalterado desde la fecha de publicación de la reforma constitucional.
Además, la propuesta aclara que esta disposición no impedirá que se puedan establecer rebajas al impuesto territorial que deban pagar los contribuyentes antes de la entrada en vigencia de la ley mencionada. Este enfoque busca no solo frenar el aumento de las contribuciones, sino también ofrecer un alivio a aquellos que se han visto afectados por la carga tributaria en un contexto económico complicado.
El debate sobre el impuesto territorial y las contribuciones en Chile es un reflejo de las tensiones existentes entre la necesidad de recaudar fondos para el Estado y la obligación de proteger los derechos de los ciudadanos. La propuesta de Rincón y sus colegas senadores es un intento de equilibrar estas dos necesidades, buscando una solución que beneficie a la población en general, especialmente a aquellos que enfrentan mayores dificultades económicas. La discusión sobre este tema es crucial, ya que afecta directamente a la calidad de vida de miles de chilenos, y es fundamental que se aborden las preocupaciones de los contribuyentes de manera efectiva y justa. A medida que avanza el proceso legislativo, será interesante observar cómo se desarrollan las negociaciones y qué cambios se implementarán en el sistema tributario chileno en el futuro.