La Ley N° 21.484, que entró en vigor en mayo de 2023, ha generado un cambio significativo en la forma en que se manejan las deudas de pensiones de alimentos en Chile. Esta legislación permite que las pensiones alimenticias adeudadas sean cobradas directamente de los fondos de pensiones de los deudores, lo que ha llevado a un aumento notable en los montos recuperados por los beneficiarios. Según el informe anual de la Superintendencia de Pensiones, entre julio de 2024 y junio de 2025, se realizaron cargos a las cuentas de 126.790 deudores, acumulando un total de $546.796 millones (aproximadamente US$600 millones). Este cambio ha sido especialmente relevante en un contexto donde la responsabilidad parental y el cumplimiento de las obligaciones alimenticias son temas de creciente preocupación social.
### Análisis de los Deudores de Pensiones de Alimentos
El análisis de los datos revela que un abrumador 97,6% de los deudores son hombres, mientras que solo el 2,4% son mujeres. Este desequilibrio de género en las deudas de pensiones de alimentos refleja patrones sociales más amplios sobre la responsabilidad parental y la carga económica que enfrentan las mujeres. Además, la mayoría de los deudores se encuentra en el rango de edad de 36 a 45 años, lo que sugiere que las obligaciones financieras relacionadas con la crianza de los hijos son más comunes en esta etapa de la vida.
Los montos promedio retirados de los fondos de pensiones también son reveladores. Los hombres deudores retiraron un promedio de $4.372.979, mientras que las mujeres retiraron solo $1.845.232. Esta diferencia significativa en los montos retirados puede estar relacionada con el hecho de que los hombres, en promedio, tienden a tener mayores ahorros en sus cuentas de pensiones. Además, el informe destaca que los montos retirados para el pago de pensiones de alimentos son superiores a los promedios de los retiros realizados durante los tres retiros de AFP que se llevaron a cabo entre 2020 y 2021, lo que indica una necesidad urgente de abordar las deudas alimenticias.
### Requisitos y Proceso para el Cobro de Deudas
Para que se pueda realizar el cobro de las deudas de pensiones de alimentos a través de los fondos de pensiones, se deben cumplir ciertos requisitos. En primer lugar, debe existir una deuda total o parcial de al menos tres mensualidades de pensión de alimentos. Además, el tribunal de familia debe determinar que el deudor no tiene recursos suficientes en sus cuentas bancarias o instrumentos financieros. Este proceso implica una investigación exhaustiva por parte del tribunal, que puede incluir la consulta de información a diversas entidades estatales, como la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y el Servicio de Impuestos Internos (SII).
Una vez que se ha establecido que el deudor no tiene recursos suficientes, se aplican porcentajes máximos de retiro de los fondos acumulados en la AFP. Si el deudor está a 15 años o menos de la edad legal de jubilación, se puede retirar hasta el 50% de los fondos. Para aquellos que están entre 15 y 30 años de la jubilación, el límite es del 80%, y para los que están a más de 30 años, se permite retirar hasta el 90%. Sin embargo, es importante señalar que si el deudor ya está pensionado, no se pueden utilizar esos fondos para pagar deudas de pensiones de alimentos.
La implementación de esta ley ha sido vista como un paso positivo hacia la equidad de género, ya que aborda una problemática que afecta desproporcionadamente a las mujeres, quienes a menudo son las principales cuidadoras de los hijos. Al permitir que las pensiones alimenticias sean cobradas de los fondos de pensiones, se busca garantizar que los niños reciban el apoyo financiero que necesitan, independientemente de la situación económica de sus padres.
En resumen, la Ley N° 21.484 ha introducido un mecanismo que no solo facilita el cobro de deudas de pensiones de alimentos, sino que también promueve la responsabilidad parental y la equidad de género en el contexto de la crianza de los hijos. A medida que se continúan recopilando datos sobre su impacto, será crucial monitorear cómo esta legislación afecta a las familias y a la sociedad en su conjunto.
