En un reciente fallo judicial, la Corte de Apelaciones de Antofagasta ha condenado a la multitienda Ripley a pagar una multa de 300 UTM, equivalente a aproximadamente $21 millones de pesos, debido a la agresión sufrida por una mujer adulta mayor en una de sus tiendas. Este caso ha generado un amplio debate sobre los derechos de los consumidores y el comportamiento de los guardias de seguridad en los establecimientos comerciales.
Los hechos que llevaron a esta condena ocurrieron el 9 de febrero de 2024, cuando la afectada visitó la tienda para retirar un sensor de seguridad de una prenda que había adquirido días antes. Tras realizar la gestión correspondiente con la cajera, la mujer se disponía a salir del local cuando fue interceptada por un guardia de seguridad. Este la acusó injustamente de robo, insultándola y agrediéndola físicamente, lo que resultó en lesiones que requirieron atención médica.
### Contexto del Caso
La situación se desencadenó cuando la mujer, tras haber cumplido con todos los procedimientos de compra, se encontró con un guardia que la acusó de llevarse mercancía sin pagar. Este tipo de incidentes no son aislados y reflejan una problemática más amplia sobre el trato que reciben los consumidores en los espacios comerciales. La mujer, tras ser agredida, acudió al CESFAM Sur de Antofagasta, donde se constató que presentaba contracturas y contusiones.
El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) tomó conocimiento del caso y decidió actuar en defensa de la afectada. A pesar de que Ripley intentó justificar la conducta de su personal, el SERNAC presentó una denuncia ante el Primer Juzgado de Policía Local de Antofagasta. Sin embargo, este tribunal desestimó la denuncia, argumentando que la mujer no había denunciado el hecho ante el Ministerio Público.
Fue entonces cuando se apeló la decisión ante la Corte de Apelaciones, que finalmente dio la razón al SERNAC, reconociendo que efectivamente se había cometido una infracción a la Ley del Consumidor. Este fallo no solo es significativo por la multa impuesta, sino también por el precedente que establece en cuanto a la protección de los derechos de los consumidores en situaciones de abuso.
### Implicaciones de la Sentencia
La sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta subraya la importancia de que las empresas actúen con profesionalismo y respeto hacia sus clientes. El Director Regional del SERNAC, Fernando Sepúlveda, enfatizó que las empresas tienen la responsabilidad de garantizar la dignidad de los consumidores, y que cualquier medida de seguridad debe ser implementada sin vulnerar sus derechos.
La Ley del Consumidor establece que el personal de seguridad solo puede actuar si se sorprende a una persona cometiendo un delito, y en tal caso, deben poner a la persona a disposición de las autoridades competentes. Esto significa que no pueden tomar acciones que impliquen maltrato, insultos o agresiones físicas. La sentencia también establece que las empresas que no cumplan con estas normativas pueden enfrentarse a multas severas, como la que se impuso a Ripley.
Este caso ha resonado en la comunidad, generando un debate sobre la necesidad de una mayor regulación y supervisión en el comportamiento de los guardias de seguridad en los comercios. La protección de los consumidores debe ser una prioridad, y este fallo es un paso hacia la creación de un entorno más seguro y respetuoso para todos.
La situación también ha llevado a muchos consumidores a reflexionar sobre sus derechos y a considerar la importancia de denunciar cualquier tipo de abuso o maltrato que puedan sufrir en el ámbito comercial. La visibilidad de este caso puede incentivar a otros a alzar la voz y buscar justicia en situaciones similares.
En resumen, la condena a Ripley no solo representa una sanción económica, sino que también es un llamado a la reflexión sobre cómo se deben tratar a los consumidores en los espacios comerciales. La dignidad y el respeto son derechos fundamentales que deben ser garantizados en todas las interacciones comerciales, y este fallo es un recordatorio de que las empresas deben ser responsables de sus acciones y del comportamiento de su personal.
