La reciente propuesta de Cencosud para construir un nuevo centro comercial en Vitacura ha generado un intenso debate en torno a la afectación de comunidades indígenas locales. La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) ha expresado su preocupación formalmente, lo que ha llevado a un análisis más profundo sobre la interacción entre el desarrollo urbano y los derechos de los pueblos originarios.
La propuesta, que implica una inversión de 125 millones de dólares, fue sometida a evaluación ambiental el 15 de octubre de 2024. Sin embargo, Conadi ha señalado que el análisis presentado por Cencosud no aborda adecuadamente la presencia de grupos indígenas en el área de influencia del proyecto. En un oficio dirigido al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), el director nacional de Conadi, Álvaro Morales Marileo, solicitó que se considere de manera exhaustiva la presencia de comunidades indígenas, específicamente la Asociación Indígena Mapuche Dhegñ-Winkul.
### Preocupaciones sobre la Evaluación Ambiental
Conadi ha manifestado que la caracterización del área de influencia del proyecto es insuficiente. A pesar de que Cencosud reconoció la existencia de la Asociación Indígena Dhegñ-Winkul, la entidad considera que el análisis realizado no es suficiente para descartar posibles afectaciones. La preocupación radica en que las actividades culturales y sociales de los pueblos indígenas no siempre están limitadas a un espacio físico específico, lo que complica la evaluación de impactos.
El director de Conadi enfatizó que la distancia física no debería ser el único criterio para determinar la afectación a las comunidades indígenas. En este sentido, se requiere un enfoque más integral que contemple la cosmovisión indígena, los usos tradicionales del territorio y las formas de organización comunitaria. La falta de un análisis profundo podría comprometer tanto los derechos de los pueblos indígenas como la sostenibilidad del proyecto en sí.
Además, Conadi ha reiterado la importancia de respetar el principio de consulta previa, tal como lo establece el Convenio 169 de la OIT. Este principio es fundamental para garantizar que las comunidades indígenas sean informadas y consultadas sobre proyectos que puedan afectar sus derechos y territorios. En caso de que se confirme la existencia de impactos sobre estas comunidades, Conadi ha instado al SEA a exigir medidas adicionales que aseguren la protección de los derechos de los pueblos originarios.
### Análisis de la Información Proporcionada
En su presentación, Conadi también ha señalado que el equipo técnico de Cencosud realizó entrevistas a funcionarios de la Municipalidad de Huechuraba, quienes indicaron que la “Asociación de Microempresarios Mapuche” se encuentra actualmente inactiva. Sin embargo, la información proporcionada por Cencosud no incluye transcripciones de las entrevistas ni resultados claros, lo que dificulta la evaluación de la postura de la Asociación Indígena Dhegñ-Winkul respecto al proyecto.
Conadi ha solicitado que se entregue la transcripción completa de la entrevista realizada a la Asociación Dhegñ-Winkul, así como un análisis detallado de las preocupaciones expresadas en una reunión formal. Entre estas preocupaciones se encuentran los posibles impactos ambientales, como la afectación a la flora y fauna del lugar, la aparición de restos arqueológicos y la necesidad de realizar ceremonias tradicionales que son parte integral de la cultura indígena.
La falta de información clara y detallada ha llevado a Conadi a solicitar que se georreferencie la ubicación de la “Ruka”, un espacio ceremonial utilizado por la Asociación Dhegñ-Winkul. Sin esta información, es difícil concluir que el proyecto no generará efectos adversos sobre la comunidad indígena.
La situación actual plantea un dilema importante sobre cómo equilibrar el desarrollo urbano con el respeto a los derechos de las comunidades indígenas. La presión por el crecimiento económico y la expansión de infraestructuras a menudo entra en conflicto con la necesidad de proteger los derechos y la cultura de los pueblos originarios. En este caso, la respuesta de Cencosud y la evaluación del SEA serán cruciales para determinar el futuro del proyecto y su impacto en la comunidad indígena de Vitacura.
La discusión en torno a este proyecto no solo es relevante para Vitacura, sino que también refleja un patrón más amplio en el que las comunidades indígenas luchan por sus derechos en un contexto de creciente urbanización y desarrollo económico. La forma en que se maneje esta situación podría sentar un precedente importante para futuros proyectos en Chile y en otras partes del mundo donde las comunidades indígenas se ven afectadas por el desarrollo comercial y urbano.
