La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) ha enviado una carta al Presidente Gabriel Boric, instándolo a acelerar la tramitación de un proyecto de ley que busca modificar la actual Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Este proyecto tiene como objetivo aumentar las sanciones para los menores que cometen delitos graves, un tema que ha generado un intenso debate en el país.
En la misiva, los parlamentarios argumentan que si un menor es capaz de planificar y ejecutar un delito con la misma frialdad que un adulto, el castigo debe ser proporcional a la gravedad del acto. La carta, que consta de dos páginas, enfatiza que endurecer las penas para delitos violentos cometidos por adolescentes es crucial para restaurar la legitimidad del sistema judicial. Los diputados sostienen que esta medida es más relevante que hacer concesiones a organismos como UNICEF o a otras entidades del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos.
La carta también menciona que el endurecimiento del estatuto penológico para menores en casos de crímenes graves y reincidencia es necesario para enviar un mensaje claro en medio de la actual crisis de seguridad: la violencia tiene consecuencias, independientemente de la edad del infractor. Los parlamentarios de RN han denunciado un «bloqueo legislativo» por parte de los parlamentarios oficialistas, lo que, según ellos, ha impedido discutir y despachar el proyecto a su segundo trámite constitucional en el Senado.
El jefe de la bancada de diputados de RN, Miguel Mellado, ha declarado que el objetivo de la carta es solicitar al gobierno que otorgue urgencia a este proyecto de ley. Mellado ha expresado su esperanza de que esta legislación produzca resultados al establecer penas ejemplares para aquellos menores que causan daño a la sociedad.
Por su parte, la diputada Camila Flores ha acusado a los parlamentarios oficialistas de entorpecer el avance del proyecto para evitar que se convierta en ley. Flores ha instado al Presidente Boric a demostrar su compromiso con las víctimas de la violencia, pidiendo que se le dé prioridad a esta iniciativa.
El diputado Diego Schalper también ha hecho eco de estas preocupaciones, pidiendo al Presidente que termine con el bloqueo legislativo que, según él, es liderado por el ministro de Justicia y otros parlamentarios en el Congreso. Actualmente, el proyecto se encuentra en la Comisión de Constitución, donde ha recibido diversas indicaciones.
La discusión sobre la responsabilidad penal de los menores ha sido un tema recurrente en la política chilena, especialmente en un contexto donde la violencia y la delincuencia han aumentado en diversas regiones del país. La propuesta de RN busca abordar esta problemática desde una perspectiva más estricta, argumentando que la protección de la sociedad debe prevalecer sobre las consideraciones de derechos humanos en ciertos casos.
Este enfoque ha generado reacciones mixtas en la sociedad. Por un lado, hay quienes apoyan la idea de que los menores que cometen delitos graves deben enfrentar consecuencias más severas, argumentando que esto podría disuadir a otros jóvenes de involucrarse en actividades delictivas. Por otro lado, hay quienes advierten que un enfoque punitivo podría no ser la solución adecuada y que es fundamental considerar el contexto social y familiar de los menores infractores.
La carta de RN también ha puesto de relieve la creciente polarización en el debate sobre la seguridad y la justicia en Chile. Mientras algunos sectores abogan por un endurecimiento de las penas, otros piden un enfoque más rehabilitador que busque reintegrar a los jóvenes en lugar de simplemente castigarlos.
En este sentido, el futuro de la legislación sobre la responsabilidad penal de los menores en Chile sigue siendo incierto. La presión de Renovación Nacional y otros grupos políticos podría influir en la agenda legislativa, pero también es probable que se enfrenten a una fuerte resistencia por parte de aquellos que defienden un enfoque más humanitario y centrado en los derechos de los menores.
A medida que el debate avanza, será crucial observar cómo el gobierno y el Congreso manejan esta compleja cuestión, que no solo afecta a los jóvenes infractores, sino también a las víctimas de la violencia y a la sociedad en su conjunto. La forma en que se aborde este tema podría tener un impacto significativo en la percepción pública de la justicia y la seguridad en Chile.
