La discusión sobre el uso de la Unidad de Fomento (UF) en Chile ha cobrado relevancia en la actualidad, especialmente en el contexto de la crisis económica que afecta a muchas familias. La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados se encuentra analizando un proyecto de ley que busca limitar el uso de la UF en ciertos cobros esenciales, como la educación y la vivienda. Esta iniciativa ha generado un amplio debate en el ámbito político y social, dado que la UF ha sido un pilar en la economía chilena desde su creación.
### Contexto de la Unidad de Fomento en Chile
La Unidad de Fomento es una unidad de medida que se reajusta diariamente en función de la inflación, lo que la convierte en un mecanismo utilizado para proteger el valor de los ahorros y contratos a largo plazo. Sin embargo, su uso en áreas críticas como la educación, la salud y los arriendos ha sido objeto de críticas, ya que muchas personas sienten que los costos se vuelven inalcanzables debido a la fluctuación de la UF.
La propuesta legislativa no busca eliminar la UF, sino regular su uso en áreas donde su aplicación puede resultar perjudicial para el bolsillo de los ciudadanos. Por ejemplo, se plantea prohibir el cobro de aranceles educativos, pagos de arriendo y créditos hipotecarios en UF. Esta medida tiene como objetivo aliviar la carga económica de las familias, que a menudo deben lidiar con el aumento de los costos de vida sin un aumento proporcional en sus ingresos.
### Reacciones Políticas y Sociales
La iniciativa ha generado reacciones diversas en el espectro político. Por un lado, algunos diputados, como Daniel Manouchehri del Partido Socialista, han expresado su apoyo a la propuesta, argumentando que la UF, aunque fue creada para proteger a los ahorrantes, se ha convertido en una carga para aquellos que deben pagar en pesos. Manouchehri enfatiza que «la UF sube, se cobra en UF, pero a la gente le pagan en pesos», lo que crea una disparidad que afecta a los más vulnerables.
Por otro lado, hay quienes critican la propuesta, argumentando que eliminar el uso de la UF en estos contextos podría no resolver el problema de fondo, que es la inflación. Sofía Cid, diputada de Renovación Nacional, ha señalado que la eliminación de la UF no necesariamente llevará a una disminución del costo de vida. Según ella, «el problema es y sigue siendo la inflación», y advierte que la propuesta podría ser engañosa para la población.
### El Valor Actual de la UF
A medida que se desarrolla este debate, es importante considerar el valor actual de la UF. Según datos del Servicio de Impuestos Internos (SII), el valor de la UF al 18 de junio de 2025 es de $39,235. Este valor se ajusta diariamente de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que significa que su fluctuación está directamente relacionada con la inflación en el país. La UF se utiliza en una variedad de contratos y pagos, incluyendo créditos hipotecarios, matrículas escolares y seguros de vida.
La regulación del uso de la UF podría tener un impacto significativo en la economía chilena, especialmente en sectores donde los costos han aumentado desproporcionadamente. La propuesta de ley se presenta como una respuesta a las preocupaciones de los ciudadanos sobre el costo de vida y la accesibilidad a servicios esenciales.
### Implicaciones para el Futuro
La discusión sobre la regulación de la UF es solo una parte de un debate más amplio sobre cómo abordar la crisis económica en Chile. A medida que la inflación continúa afectando a las familias, es probable que se presenten más propuestas legislativas que busquen aliviar la carga financiera de los ciudadanos. La forma en que se maneje esta situación podría tener repercusiones a largo plazo en la economía del país y en la calidad de vida de sus habitantes.
En este contexto, es fundamental que los legisladores consideren no solo las implicaciones económicas de sus decisiones, sino también el impacto social que estas pueden tener en la vida cotidiana de las personas. La regulación del uso de la UF podría ser un paso hacia una economía más justa y equitativa, pero su implementación requerirá un análisis cuidadoso y un diálogo abierto entre todas las partes involucradas.
