Recientemente, el Internado Nacional Barros Arana (INBA) fue escenario de disturbios que han generado un intenso debate en el ámbito político y educativo. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, junto a otros miembros de la bancada, ha solicitado la aceleración de un proyecto de ley que busca vetar el acceso a la gratuidad universitaria para aquellos estudiantes involucrados en actos de violencia, tanto dentro como fuera de los establecimientos educativos. Esta iniciativa, conocida como «Aula Segura 2.0», fue presentada en 2018 y tiene como objetivo fortalecer las facultades de los directores escolares para sancionar y expulsar a estudiantes que participen en actos graves de violencia.
Los disturbios en el INBA, donde un grupo de encapuchados atacó al jefe de seguridad del liceo, han sido un catalizador para que los diputados de la UDI recalquen la importancia de esta legislación. Ramírez ha expresado que es «ilógico» que un estudiante que ha sido sancionado por actos violentos pueda acceder a beneficios como la gratuidad universitaria. Según él, esta medida no solo busca sancionar a los responsables, sino también generar un efecto disuasivo entre los estudiantes, haciéndoles conscientes de que su comportamiento puede tener consecuencias en su futuro académico.
### La Iniciativa «Aula Segura 2.0»
La propuesta de «Aula Segura 2.0» se basa en la premisa de que la educación debe ser un espacio seguro para todos los estudiantes. La legislación actual ya permite a los directores tomar medidas disciplinarias, pero los parlamentarios de la UDI consideran que es necesario ir más allá. La idea es que aquellos que participen en actos de violencia no solo enfrenten sanciones dentro del colegio, sino que también vean afectadas sus oportunidades futuras en la educación superior.
Ramírez y sus colegas argumentan que permitir que estudiantes con antecedentes de violencia accedan a la gratuidad es un desincentivo para aquellos que buscan un ambiente educativo pacífico. La propuesta ha generado reacciones diversas, con algunos apoyando la idea de que la educación debe ser un privilegio que se gana, mientras que otros critican la medida como una forma de estigmatizar a los jóvenes en situaciones difíciles.
### Reacciones y Críticas a la Propuesta
La propuesta de la UDI no ha estado exenta de críticas. Algunos sectores, incluidos miembros de la oposición, han manifestado su desacuerdo con la idea de vetar la gratuidad a estudiantes involucrados en actos de violencia. Argumentan que esta medida podría agravar la situación de los jóvenes, especialmente aquellos que provienen de contextos vulnerables, donde la violencia puede ser un síntoma de problemas más profundos en la sociedad.
El diputado Cataldo, por ejemplo, ha condenado el ataque al profesor del INBA, pero también ha rechazado la propuesta de veto, sugiriendo que se deben buscar soluciones más integrales que aborden las causas de la violencia en lugar de castigar a los estudiantes. Esta postura resuena con la idea de que la educación debe ser inclusiva y que los jóvenes merecen una segunda oportunidad, incluso si han cometido errores en el pasado.
La discusión sobre la gratuidad universitaria y la violencia en las escuelas es un tema complejo que refleja las tensiones en la sociedad chilena. Mientras algunos abogan por medidas más estrictas para garantizar la seguridad en las aulas, otros piden un enfoque más comprensivo que considere las circunstancias individuales de cada estudiante. La UDI, sin embargo, parece decidida a avanzar con su propuesta, argumentando que la seguridad y el bienestar de todos los estudiantes deben ser la prioridad.
En este contexto, el llamado a designar un fiscal preferente para investigar la posible participación de adultos en los disturbios también ha generado debate. Los diputados de la UDI han señalado que es crucial entender si hay una red de apoyo detrás de los actos violentos, lo que podría indicar un problema más amplio en el sistema educativo y en la sociedad en general. La preocupación por la influencia de adultos en estos incidentes sugiere que la violencia en las escuelas no es solo un problema de los jóvenes, sino que también involucra a la comunidad en su conjunto.
La situación en el INBA y la respuesta de la UDI han puesto de relieve la necesidad de un diálogo más profundo sobre la violencia en las escuelas y las políticas educativas en Chile. A medida que la propuesta de «Aula Segura 2.0» avanza, será fundamental observar cómo se desarrollan las discusiones y qué medidas se implementan para abordar este complejo problema social.
