Recientemente, la detención de un exfuncionario de la Policía de Investigaciones (PDI) por tráfico de ketamina ha suscitado una ola de reacciones en el ámbito político. Los diputados Karen Medina y Roberto Arroyo han solicitado al Ministerio de Seguridad Pública y a la PDI más información sobre los protocolos de control y supervisión de funcionarios en los pasos fronterizos del país. Esta solicitud se produce tras la detención de Andrés Eduardo Quezada Hidalgo, quien fue arrestado con 1,2 kilos de ketamina en el Complejo Fronterizo Chacalluta, ubicado en la región de Arica y Parinacota.
La diputada Medina ha enfatizado la importancia de garantizar que los protocolos de control sean rigurosos y efectivos. En su declaración, subrayó que como representantes de la ciudadanía, tienen la obligación de asegurarse de que se implementen medidas preventivas adecuadas. «Solicitamos información completa sobre medidas preventivas, auditorías de conducta y mecanismos de detección de irregularidades en pasos fronterizos, para garantizar que hechos como los registrados no se repitan», afirmó.
Además, Medina destacó la necesidad de que el Ministerio y la PDI proporcionen detalles sobre los controles internos aplicados desde 2024, así como las acciones tomadas ante posibles alertas sobre la conducta de funcionarios. «No podemos permitir que la vulnerabilidad de estos sistemas comprometa la integridad institucional ni la seguridad de los ciudadanos», agregó.
Por su parte, el jefe de bancada del Partido Social Cristiano, Roberto Arroyo, también ha expresado su preocupación. En sus declaraciones, destacó que el caso de Quezada Hidalgo pone de manifiesto falencias estructurales graves en la supervisión del personal en zonas críticas del país. «Este tipo de situaciones erosiona la confianza en las instituciones y demuestra la urgencia de fortalecer los controles internos, la capacitación y la transparencia en todos los recintos fronterizos», afirmó Arroyo.
Arroyo también hizo hincapié en la necesidad de que los procedimientos disciplinarios sean claros y aplicados con celeridad. «No basta con reaccionar ante delitos consumados; necesitamos un sistema que impida que se generen oportunidades para que se repitan», concluyó.
La investigación ha revelado que Quezada Hidalgo habría repetido el mismo modus operandi en cuatro episodios previos entre noviembre de 2024 y enero de 2025. Tras su formalización, el exfuncionario quedó en prisión preventiva, mientras que su cómplice, Úrsula Durán Cepeda, fue sometida a arresto domiciliario nocturno y se le prohibió salir del país.
Este caso no solo ha puesto en tela de juicio la efectividad de los controles en los pasos fronterizos, sino que también ha generado un debate más amplio sobre la integridad de las instituciones encargadas de la seguridad pública. La PDI, como organismo responsable de la seguridad y el control en las fronteras, se enfrenta a un escrutinio significativo, lo que podría llevar a una revisión de sus protocolos y procedimientos internos.
La situación ha llevado a los parlamentarios a considerar la implementación de medidas adicionales para prevenir futuros incidentes. La necesidad de auditorías regulares y la capacitación continua del personal son aspectos que han sido mencionados como cruciales para restaurar la confianza pública en las instituciones de seguridad.
En un contexto donde la seguridad ciudadana es una preocupación constante, la respuesta de las autoridades será fundamental para abordar las inquietudes de la población. La transparencia en la gestión de estos casos y la implementación de medidas efectivas serán clave para asegurar que la confianza en las instituciones no se vea comprometida.
La detención de Quezada Hidalgo es un recordatorio de que la vigilancia y el control en los pasos fronterizos son esenciales para prevenir el tráfico de drogas y otros delitos. La colaboración entre las autoridades y los legisladores será vital para fortalecer los mecanismos de supervisión y garantizar que se tomen las medidas adecuadas para proteger a la ciudadanía.
