La reciente decisión de la Corte Suprema de Chile ha puesto de relieve un caso que desafía las normas de justicia y equidad en el ámbito migratorio. La Corte dejó sin efecto la expulsión de una ciudadana boliviana, cuya notificación llegó 18 años después de que se emitiera la orden. Este caso no solo resalta la importancia de los derechos humanos en el contexto migratorio, sino que también plantea preguntas sobre la eficacia y la vigencia de las decisiones administrativas en un marco temporal tan extenso.
### Contexto del Caso
La mujer en cuestión ingresó a Chile en mayo de 2007 a través de un paso no habilitado, una acción que, según la ley migratoria vigente en ese momento, justificó la emisión de una orden de expulsión. Sin embargo, tras regresar a su país debido a la enfermedad de su madre, volvió a Chile en enero de 2025 como turista, momento en el que se enteró de la orden de expulsión que había sido dictada casi dos décadas antes. Este hecho plantea una serie de interrogantes sobre la naturaleza de las decisiones administrativas y su aplicación en el tiempo.
La mujer argumentó que la decisión de expulsarla era ilegal y desproporcionada, ya que no se habían considerado adecuadamente sus circunstancias personales. En su defensa, expuso que había establecido un proyecto de vida en Chile y mantenía una relación con un ciudadano chileno, lo que complicaba aún más su situación. La Corte de Copiapó, al revisar el caso, decidió acoger su reclamo, señalando que el tiempo transcurrido había generado la pérdida de eficacia del acto administrativo.
### La Deliberación Judicial
La Corte de Copiapó fundamentó su decisión en el principio de decaimiento, que establece que un acto administrativo pierde su eficacia si no se ejecuta en un tiempo razonable. En este caso, el tiempo transcurrido entre la emisión de la orden de expulsión y su notificación fue considerado excesivo e injustificado. La Corte argumentó que las circunstancias que llevaron a la emisión de la orden habían cambiado significativamente, lo que hacía que los argumentos originales de la autoridad administrativa perdieran vigencia.
Este fallo fue apelado, pero la Corte Suprema confirmó la decisión de la Corte de Copiapó, enfatizando que la dilación en la notificación había vulnerado los principios del debido proceso y de igualdad ante la ley. La Corte Suprema también destacó que la finalidad sancionatoria del acto administrativo se había vuelto inútil, dado que la demora había desvirtuado las circunstancias que motivaron su dictación.
La decisión de la Corte Suprema no solo es un triunfo para la mujer boliviana, sino que también establece un precedente importante en el ámbito del derecho migratorio en Chile. Este caso subraya la necesidad de que las autoridades migratorias actúen con diligencia y respeto a los derechos humanos, especialmente en situaciones que involucran a personas vulnerables.
### Implicaciones para el Sistema Migratorio
El caso de la ciudadana boliviana pone de manifiesto las fallas en el sistema migratorio chileno, donde las decisiones pueden quedar en un limbo administrativo durante años. La falta de notificación oportuna de las órdenes de expulsión no solo afecta a los individuos involucrados, sino que también socava la confianza en el sistema judicial y administrativo del país. La situación resalta la importancia de implementar mecanismos que aseguren que las decisiones administrativas sean comunicadas de manera efectiva y en un tiempo razonable.
Además, este caso plantea la necesidad de revisar las leyes migratorias vigentes en Chile. La legislación actual debe adaptarse a las realidades contemporáneas y considerar las circunstancias personales de los migrantes, así como su derecho a establecerse y vivir en el país. La justicia no solo debe ser ciega, sino también sensible a las realidades humanas que subyacen a cada caso.
La Corte Suprema, al confirmar la decisión de la Corte de Copiapó, ha enviado un mensaje claro: el tiempo no puede ser un obstáculo para la justicia. La dilación en la notificación de decisiones administrativas puede llevar a resultados injustos y desproporcionados, lo que es inaceptable en un estado de derecho.
### Reflexiones Finales
El caso de la ciudadana boliviana es un recordatorio de que la justicia debe ser accesible y efectiva. Las autoridades migratorias y judiciales deben trabajar en conjunto para garantizar que los derechos de todos los individuos sean respetados, independientemente de su estatus migratorio. La protección de los derechos humanos debe ser una prioridad en la formulación de políticas migratorias, y los casos como este deben servir como catalizadores para el cambio.
La historia de esta mujer no es solo un caso aislado, sino un reflejo de las luchas que enfrentan muchos migrantes en Chile y en el mundo. La justicia debe ser un camino claro y directo, no un laberinto de burocracia y demoras. La decisión de la Corte Suprema es un paso en la dirección correcta, pero aún queda mucho por hacer para asegurar que todos los migrantes sean tratados con dignidad y respeto en el sistema judicial chileno.
