La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha hecho un llamado al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para que ponga fin al régimen de excepción que ha estado en vigor durante más de tres años. Esta solicitud surge tras la reciente aprobación por parte del Parlamento salvadoreño de la 41ª prórroga de este estado de excepción, lo que ha generado preocupación en la comunidad internacional sobre la prolongación y aplicación indebida de estas medidas.
La CIDH ha expresado su inquietud sobre cómo las disposiciones del régimen de excepción y otras medidas contra la criminalidad organizada están siendo aplicadas a situaciones que no se relacionan con los motivos alegados por el Estado para su implementación. En un comunicado, la CIDH destacó casos de defensores de derechos humanos que han sido detenidos bajo este régimen, como Enrique Anaya, Ruth López, Alejandro Henríquez, José Ángel Pérez y Fidel Zavala. La Comisión ha señalado que estas personas han sido sometidas a prisión provisional sin considerar las particularidades de sus circunstancias, y actualmente se encuentran incomunicadas y con sus procesos judiciales bajo reserva.
Además, la CIDH ha recibido información sobre la incomunicación de personas de diversas nacionalidades que han sido detenidas en El Salvador, tras haber sido deportadas o expulsadas del país. Este contexto ha llevado a la Comisión a recordar al Gobierno salvadoreño que tiene la obligación de garantizar las garantías judiciales a todas las personas detenidas y a abstenerse de aplicar medidas excepcionales que restrinjan los derechos humanos en situaciones que no estén justificadas bajo estándares internacionales.
En su informe de 2024, la CIDH destacó que, a pesar de un descenso significativo en los índices de violencia reportados por el Estado, no se observa la situación de emergencia necesaria para mantener suspendidos los derechos en el país. Desde la implementación del estado de excepción en marzo de 2022, más de 88,000 personas han sido detenidas, y organizaciones de la sociedad civil han documentado alrededor de 7,000 casos de violaciones de derechos humanos, que incluyen detenciones ilegales, tortura y la muerte de más de 400 personas bajo custodia estatal.
**La Justificación del Estado de Excepción**
El Gobierno de Bukele ha justificado el estado de excepción como una medida necesaria para combatir la violencia provocada por las pandillas en el país. Sin embargo, la CIDH ha instado a las autoridades a que terminen con la suspensión de derechos y garantías, y a que elaboren una política de seguridad que aborde las causas y consecuencias de la criminalidad, basada en evidencias y con un enfoque en los derechos humanos.
La prolongación del estado de excepción ha suscitado un intenso debate tanto a nivel nacional como internacional. Mientras que algunos sectores apoyan las medidas del Gobierno, argumentando que han contribuido a la reducción de la violencia, otros critican la falta de respeto a los derechos humanos y el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades. La CIDH ha sido clara en su postura, enfatizando que la lucha contra la criminalidad no debe llevar a la violación de derechos fundamentales.
**Impacto en la Sociedad Civil y los Derechos Humanos**
La situación en El Salvador ha generado un clima de temor entre los ciudadanos y ha afectado gravemente a la sociedad civil. Las organizaciones de derechos humanos han denunciado que las operaciones policiales han llevado a un aumento en las violaciones de derechos, lo que ha generado un ambiente de impunidad. La CIDH ha instado al Gobierno a garantizar que todas las detenciones se realicen de acuerdo con el debido proceso y a asegurar que las personas detenidas tengan acceso a asistencia legal y a la comunicación con sus familias.
El impacto de estas medidas ha sido profundo, afectando no solo a los detenidos y sus familias, sino también a la confianza de la población en las instituciones del Estado. La CIDH ha subrayado la importancia de que el Gobierno salvadoreño cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y que se comprometa a restaurar la confianza pública mediante la implementación de políticas que respeten y protejan los derechos de todos los ciudadanos.
En este contexto, la CIDH ha hecho un llamado a la comunidad internacional para que mantenga la vigilancia sobre la situación de los derechos humanos en El Salvador y para que apoye a las organizaciones locales que trabajan en la defensa de estos derechos. La situación en El Salvador es un recordatorio de la importancia de equilibrar la seguridad pública con el respeto a los derechos humanos, un desafío que muchos países enfrentan en la actualidad.
