Recientemente, dos diputados de Renovación Nacional, Andrés Longton y Paula Labra, han tomado la iniciativa de citar a la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, y a la directora del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, Nélida Pozo. Esta decisión surge en el contexto de una investigación sobre la Fundación Salvador Allende, específicamente en relación a los recursos públicos que se han transferido a esta entidad en los últimos años. La controversia se centra en un contrato firmado en 2004 entre la Fundación y el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu), que resultó en una deuda que fue saldada en 2015 mediante la entrega de 93 obras de arte, valoradas en aproximadamente 800 mil dólares.
A pesar de que las obras fueron legalmente otorgadas a la Fundación, hasta el momento no han sido entregadas físicamente al Serviu. La razón que se ha esgrimido para esta falta de entrega es la supuesta incapacidad del servicio para resguardar adecuadamente las obras de arte. La diputada Labra ha expresado que el estrecho vínculo entre la Fundación y el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural exige una mayor claridad sobre la gestión de estos recursos. En este sentido, ha afirmado que ambas autoridades deberán comparecer ante la Comisión de Cultura para explicar los traspasos de recursos realizados desde 2022 hasta la fecha.
Por su parte, el diputado Longton, quien preside la comisión investigadora, ha cuestionado la legalidad de la operación. Ha señalado que en su momento, diputados de su partido llevaron este caso a la Contraloría, ya que la transacción requería la autorización del Ministerio de Hacienda, la cual no fue otorgada. Longton también ha insinuado que existe un trato preferencial hacia la familia del expresidente Allende, afirmando que «regularmente, la familia Allende tiene un tratamiento bastante excepcional y privilegiado para hacer tratos con el Estado». En este contexto, ha propuesto que se anule el contrato mediante la nulidad de derecho público y que las obras de arte sean resguardadas por el Ministerio de Cultura.
La diputada Labra ha enfatizado que no permitirán que la familia Allende continúe beneficiándose de fondos públicos, lo que ha generado un debate sobre la transparencia en la gestión de recursos públicos y la relación entre el Estado y las fundaciones vinculadas a figuras históricas. Este caso pone de relieve la necesidad de una mayor supervisión y rendición de cuentas en el uso de recursos públicos, especialmente cuando se trata de entidades que tienen un vínculo directo con la historia política del país.
La controversia también ha suscitado un interés considerable en la opinión pública, ya que muchos ciudadanos se preguntan sobre la legitimidad de los tratos realizados entre el Estado y la Fundación Salvador Allende. La situación ha llevado a un llamado a la acción por parte de algunos sectores políticos que exigen una revisión exhaustiva de los contratos y acuerdos que involucran a entidades culturales y patrimoniales.
En este contexto, la ministra Arredondo y la directora Pozo deberán presentar sus argumentos y justificaciones ante la comisión, lo que podría tener repercusiones significativas en la forma en que se gestionan los recursos culturales en el país. La presión por parte de los diputados de Renovación Nacional refleja un creciente interés por parte de la oposición en cuestionar la administración de recursos públicos y la transparencia en la gestión cultural.
Este caso no solo es relevante por su contenido, sino que también plantea preguntas más amplias sobre la relación entre la política, la cultura y la historia en Chile. A medida que se desarrollen los acontecimientos, será crucial observar cómo responden las autoridades y qué medidas se implementarán para garantizar una mayor transparencia y rendición de cuentas en el uso de fondos públicos destinados a la cultura y el patrimonio.
La situación actual también pone de manifiesto la importancia de la participación ciudadana en la vigilancia de la gestión pública. La ciudadanía tiene un papel fundamental en exigir claridad y transparencia en el uso de recursos que pertenecen a todos. La presión social puede ser un motor de cambio que impulse a las instituciones a actuar con mayor responsabilidad y ética en la administración de los bienes públicos.
En resumen, la citación de la ministra de las Culturas y la directora del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural ante la comisión investigadora sobre la Fundación Salvador Allende es un paso significativo hacia la transparencia en la gestión de recursos públicos. La respuesta de las autoridades y la reacción de la ciudadanía serán determinantes para el futuro de la relación entre el Estado y las entidades culturales en Chile.
