El reciente escándalo relacionado con el uso indebido de licencias médicas ha generado un fuerte revuelo en el ámbito político chileno. La situación se desencadenó a partir de una denuncia realizada por el diputado Frank Sauerbaum, quien expuso que un exadministrador municipal de Chillán, Richard Guzmán, había viajado a Argentina mientras estaba de licencia médica. Este hecho ha llevado a que más de 25,000 funcionarios públicos sean investigados por presuntamente utilizar subsidios de incapacidad laboral para realizar viajes al extranjero. La magnitud del problema ha llevado a los partidos de Chile Vamos, especialmente a Renovación Nacional (RN) y la Unión Demócrata Independiente (UDI), a activar una serie de medidas para abordar la situación y evitar que se repita en el futuro.
En RN, el jefe de bancada, Miguel Mellado, junto a Sauerbaum, ha liderado la ofensiva fiscalizadora que incluye reuniones con la Fiscalía y la presentación de proyectos de ley. Uno de los puntos centrales de la agenda de RN es la discusión presupuestaria que se llevará a cabo a finales de este año. Los diputados han manifestado su disposición a rechazar la partida del sector público si no se incrementa el presupuesto de la Contraloría General de la República en un 10% a 20%. Esta medida busca fortalecer las capacidades de fiscalización de la Contraloría, que se ha visto desbordada por la cantidad de casos que han surgido a raíz del escándalo.
Además, RN ha propuesto modificar la normativa para permitir que se inicien sumarios hasta tres meses después de que los funcionarios involucrados hayan renunciado. Esta medida es crucial para garantizar que se persigan las responsabilidades administrativas, incluso después de que los funcionarios hayan dejado sus cargos. En este sentido, los diputados esperan que el Presidente Gabriel Boric se pronuncie sobre la necesidad de reformar el estatuto administrativo en su próxima cuenta pública, así como que se modifiquen los estándares que rigen la declaración de salud incompatible con el servicio.
Por otro lado, la bancada de senadores de la UDI también ha presentado un proyecto para reforzar las facultades de fiscalización de la Contraloría. Esta propuesta incluye la posibilidad de acceder a información bancaria institucional en casos que involucren fondos públicos, eliminando así cualquier obstáculo relacionado con el secreto bancario. El jefe de los senadores UDI, Sergio Gahona, ha enfatizado que es fundamental cerrar la puerta a la impunidad, asegurando que los funcionarios que hayan abusado de su cargo no puedan eludir responsabilidades simplemente renunciando.
Gahona ha declarado que la Contraloría necesita herramientas efectivas para perseguir a quienes defraudan al Estado, incluso después de haber dejado sus funciones. La propuesta busca proteger los recursos públicos y restablecer la ética en el servicio público, enfatizando que aquellos que cometen irregularidades deben enfrentar las consecuencias de sus actos, independientemente de su estatus laboral.
El subjefe de bancada de la UDI, Gustavo Sanhueza, ha añadido que es imperativo que el gobierno no acepte más renuncias en casos relacionados con licencias médicas hasta que se inicien los sumarios correspondientes. Esta postura busca garantizar que los responsables no puedan escapar de la justicia simplemente renunciando a sus cargos. Sanhueza ha subrayado que permitir que los responsables se vayan sin enfrentar un proceso investigativo es garantizar la impunidad, lo que resulta inaceptable para los ciudadanos que esperan transparencia y justicia en el uso de los recursos públicos.
La situación ha generado un amplio debate en la sociedad chilena, donde la confianza en las instituciones públicas se ha visto afectada. La percepción de que algunos funcionarios han abusado de su posición para obtener beneficios indebidos ha llevado a un clamor por una mayor transparencia y rendición de cuentas. La respuesta de RN y UDI a este escándalo refleja una preocupación por restaurar la confianza en el sistema político y garantizar que se tomen medidas efectivas para prevenir futuros abusos.
En los próximos días, se espera que los diputados de RN se reúnan con la contralora Dorothy Pérez para discutir las acciones a seguir y cómo se puede fortalecer la fiscalización en el uso de licencias médicas. La presión sobre el gobierno para que actúe con firmeza en este asunto es palpable, y los partidos políticos están decididos a tomar medidas que aseguren que los recursos públicos sean utilizados de manera adecuada y responsable. La situación actual no solo pone de relieve la necesidad de reformas en el sistema de licencias médicas, sino que también plantea interrogantes sobre la ética y la responsabilidad en el servicio público en Chile.
