El Segundo Tribunal Ambiental de Santiago ha tomado una decisión crucial al rechazar cinco recursos de reclamación en contra del proyecto de saneamiento propuesto por el grupo Copec en la playa Las Salinas, ubicada en Viña del Mar. Este proyecto, que busca limpiar un terreno de 16 hectáreas previamente utilizado por empresas petroleras para el almacenamiento de combustibles, ha generado un intenso debate entre los opositores y los defensores de la iniciativa. La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, y el diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, han sido algunos de los principales críticos de este proyecto, argumentando que su objetivo final es desarrollar un megaproyecto inmobiliario en la zona.
La técnica de biorremediación, que implica el uso de bacterias para limpiar el terreno contaminado, es el enfoque elegido por Copec para llevar a cabo este ambicioso proyecto. La inversión total se estima en alrededor de 55 millones de dólares, y se espera que el proceso de limpieza dure entre cinco y seis años. Hasta la fecha, Copec ha invertido más de 180 millones de dólares en la remediación del sitio, incluyendo 150 millones en el traslado de residuos e instalaciones y 35 millones en la primera etapa de remediación. La empresa ha contratado a una firma francesa especializada y ha creado una startup llamada Remedia Green Tech para llevar a cabo el proceso de biorremediación.
El proyecto no solo se centra en la limpieza del terreno, sino que también incluye un plan a largo plazo para desarrollar un barrio que priorice los espacios sociales y comunitarios. Copec ha declarado que más del 40% del terreno se destinará al uso público, con la creación de un gran parque urbano y un sistema de áreas verdes que conectará el borde costero con el sector alto de la ciudad. Esta visión busca transformar un área que ha sido históricamente contaminada en un espacio que beneficie a la comunidad.
Los pronunciamientos del tribunal han sido claros en cuanto a la legalidad del proceso de evaluación ambiental llevado a cabo por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y el Comité de Ministros. La corte determinó que las reclamaciones presentadas no tenían fundamento suficiente para anular la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto. Según la sentencia, tanto el SEA como el comité realizaron un proceso de evaluación adecuado, considerando las observaciones de los ciudadanos y fundamentando sus decisiones con evidencias y antecedentes suficientes.
Uno de los puntos más debatidos ha sido la compatibilidad territorial del proyecto. El tribunal concluyó que la iniciativa no modifica la planificación territorial vigente y que su objetivo es el saneamiento ambiental del terreno, no un desarrollo inmobiliario. Además, se argumentó que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) no es el documento adecuado para obtener permisos de edificación en un área de riesgo, lo que implica que cualquier futuro desarrollo deberá seguir un proceso de autorización separado.
En cuanto a las preocupaciones sobre la salud de la población, el tribunal destacó que los resultados de las mediciones científicas realizadas no mostraron superaciones de las normas de calidad del aire y que las emisiones odoríferas no causarían molestias a los residentes cercanos. La corte también evaluó los impactos potenciales en recursos naturales y en la comunidad, concluyendo que los efectos del proyecto serían principalmente reversibles y se limitarían al sitio en cuestión.
La historia de este proyecto ha estado marcada por la controversia desde su inicio. En 2020, la comisión regional de Medio Ambiente aprobó el EIA, lo que llevó a la presentación de múltiples recursos de reclamación por parte de opositores, incluyendo a la Fundación Defendamos la Ciudad. A pesar de los intentos de invalidar la RCA, el tribunal ha mantenido su respaldo al proyecto, lo que ha generado reacciones mixtas entre los ciudadanos de Viña del Mar.
La alcaldesa Ripamonti ha expresado su preocupación por el futuro del proyecto, insistiendo en que el saneamiento es necesario, pero no a expensas de un desarrollo inmobiliario que podría afectar la calidad de vida de los residentes. Por su parte, el diputado Brito ha manifestado su deseo de que el área se convierta en un parque en lugar de un complejo de edificios, reflejando el deseo de muchos viñamarinos de preservar el espacio para el uso público.
A medida que avanza el proceso de biorremediación, la comunidad estará atenta a los resultados y al impacto que tendrá este proyecto en su entorno. La participación ciudadana en el monitoreo del saneamiento será clave para asegurar que se cumplan los compromisos adquiridos por Copec y que se respete el bienestar de los vecinos de la zona.
