A seis años del estallido social que sacudió a Chile, la memoria de aquellos días de protestas y demandas sociales ha vuelto a cobrar protagonismo en la campaña presidencial. Con la primera vuelta a la vuelta de la esquina, los candidatos de la oposición han comenzado a utilizar el estallido como un arma política para criticar al gobierno actual y sus políticas. Este fenómeno no solo refleja la polarización política del país, sino también la persistente insatisfacción de la ciudadanía con respecto a los cambios prometidos tras las manifestaciones de 2019.
El 18 de octubre de 2019 marcó un antes y un después en la historia reciente de Chile. Las protestas, que comenzaron como una respuesta al aumento del precio del transporte público, rápidamente se transformaron en un movimiento masivo que exigía cambios estructurales en diversas áreas, desde la educación hasta la salud y la seguridad. Sin embargo, a medida que se acercan las elecciones, las diferentes visiones sobre el legado del estallido y su impacto en la sociedad chilena se han vuelto un tema candente en la arena política.
### La Estrategia Electoral de la Oposición
Los candidatos de la derecha, como Evelyn Matthei, José Antonio Kast y Johannes Kaiser, han tomado la conmemoración del estallido social como una oportunidad para criticar al gobierno de Gabriel Boric. En sus discursos, han enfatizado que, a pesar de los años transcurridos, los problemas sociales que llevaron a las protestas no solo persisten, sino que han empeorado. Matthei, por ejemplo, ha señalado que «los problemas sociales no se han mejorado, hemos retrocedido en estos años». Esta narrativa busca conectar con un electorado que se siente frustrado por la falta de avances significativos en las reformas prometidas.
La campaña de Kast ha sido particularmente agresiva, utilizando imágenes de las protestas y acusando a los actuales gobernantes de haber validado la violencia durante el estallido. En su franja electoral, Kast ha afirmado que muchos de los que hoy están en el poder «justificaron la violencia, celebraron el caos». Este enfoque no solo busca deslegitimar al gobierno actual, sino también apelar a los temores de la ciudadanía sobre la seguridad y el orden público, temas que han cobrado relevancia en el contexto de un aumento en la delincuencia.
Por su parte, la senadora Ximena Rincón ha reforzado esta narrativa, argumentando que el actual oficialismo llegó al poder «a través de la violencia» y que la situación actual de inseguridad es un reflejo de la falta de liderazgo durante y después del estallido. Este tipo de declaraciones buscan consolidar una imagen de la oposición como defensora del orden y la seguridad, contrastando con la percepción que se tiene del gobierno actual.
### Respuestas desde el Oficialismo
Ante las críticas de la oposición, los representantes del gobierno han optado por una estrategia más defensiva. Jeannette Jara, la candidata oficialista, ha rechazado las acusaciones de haber validado la violencia y ha enfatizado que su enfoque está en la construcción de un país más inclusivo y justo. Sin embargo, su respuesta ha sido criticada por no abordar de manera efectiva las preocupaciones de la ciudadanía sobre la seguridad y la calidad de vida.
La senadora Fabiola Campillai, quien se convirtió en un símbolo de las víctimas de la represión durante el estallido, ha expresado su descontento con el gobierno actual, señalando que no se ha hecho lo suficiente para abordar las demandas de justicia y reparación. Su testimonio resuena con muchos chilenos que sienten que las promesas de cambio han quedado en el aire, lo que podría afectar la percepción del gobierno en las próximas elecciones.
Además, un reciente estudio de opinión pública ha revelado una caída significativa en el apoyo a las movilizaciones de 2019, lo que indica un cambio en la percepción pública sobre el estallido social. Mientras que en 2021, un 64% de la población valoraba positivamente ciertos aspectos de las protestas, en 2025 esa cifra ha disminuido a solo un 37%. Este cambio podría tener un impacto considerable en la forma en que los candidatos abordan el tema en sus campañas.
En este contexto, la izquierda también ha comenzado a cuestionar la gestión del gobierno actual, señalando que muchas de las promesas realizadas tras el estallido no se han cumplido. Marco Enríquez-Ominami, un candidato presidencial de izquierda, ha afirmado que «todo el estallido social quedó en nada» y que la situación actual es peor que antes de las protestas. Este tipo de críticas podría complicar aún más la posición del oficialismo en un ambiente electoral ya tenso.
La polarización que ha surgido en torno al estallido social refleja no solo las divisiones políticas en Chile, sino también la profunda insatisfacción de la ciudadanía con respecto a la dirección que ha tomado el país en los últimos años. A medida que se acercan las elecciones, será crucial observar cómo los candidatos continúan utilizando este tema para movilizar a sus bases y atraer a los votantes indecisos.