El caso de Primus Capital ha captado la atención del público y de las autoridades debido a la magnitud del fraude que se ha revelado en su interior. Francisco Coeymans, exCEO de la empresa, se encuentra en el centro de una tormenta legal tras ser extraditado a Chile después de haber estado prófugo en Perú. Este escándalo no solo ha afectado a la empresa, sino que también ha puesto en tela de juicio la confianza en el mercado financiero chileno.
### La Sanción y el Proceso Judicial
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha presentado un escrito ante la Corte de Apelaciones de Santiago en respuesta al reclamo de Coeymans, quien busca revertir una severa sanción impuesta por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). En mayo de 2024, la CMF decidió multar a Coeymans con 50.000 UF, lo que equivale a aproximadamente $2.000 millones, además de inhabilitarlo temporalmente para ejercer cargos directivos durante cinco años. Esta sanción se considera una de las más graves desde la creación de la CMF, ya que involucra la entrega de información falsa tanto al mercado como al regulador.
El CDE argumenta que la defensa de Coeymans se ha centrado en cuestiones de forma, ignorando los aspectos sustanciales del caso. En su escrito, el CDE enfatiza que la conducta del exejecutivo no solo comprometió los recursos de la empresa y sus accionistas, sino que también afectó la fe pública y el patrimonio de los inversionistas. A pesar de que Coeymans no fue el encargado de elaborar los estados financieros, su participación en las operaciones irregulares y su control sobre la información presentada al directorio son factores que agravan su situación.
La investigación ha revelado que Coeymans y otros ejecutivos de Primus Capital llevaron a cabo maniobras fraudulentas utilizando empresas de papel y documentos falsos para simular transacciones comerciales. Este esquema ha sido calificado como uno de los más sofisticados en la historia del mercado de valores chileno, con un fraude estimado en más de $70 mil millones. La empresa se vio obligada a inyectar más de $100 mil millones para evitar su colapso financiero, lo que refleja la gravedad de la situación.
### La Fuga y la Extradición
Uno de los aspectos más llamativos del caso fue la fuga de Francisco Coeymans, quien abandonó Chile poco después de que se descubrieran las irregularidades en Primus Capital. Durante más de siete meses, Coeymans estuvo prófugo en Lima, Perú, hasta que fue detenido y posteriormente extraditado a Chile en noviembre de 2024. Desde su regreso, se encuentra bajo arresto domiciliario total mientras enfrenta múltiples cargos, incluidos estafa, administración desleal, uso malicioso de instrumento privado mercantil falso y lavado de activos.
La Fiscalía ha calificado los delitos como “consumados” y “reiterados”, lo que implica que las acciones delictivas no fueron intentos fallidos, sino que se llevaron a cabo con éxito durante un período prolongado. Esto ha llevado a que la imputación se base en el artículo 15 N° 1 del Código Penal, que establece la responsabilidad penal para quienes participan directamente en la comisión de un delito. En este contexto, la Fiscalía sostiene que los imputados no son meros cómplices, sino que fueron los principales actores en un esquema de fraude tributario.
La defensa de Coeymans está liderada por los abogados Mario Vargas y Gabriel Silber, quienes han argumentado que su cliente no fue el único responsable de las irregularidades y que otros ejecutivos también deben ser considerados en el proceso. Sin embargo, el CDE y la CMF han mantenido una postura firme en cuanto a la gravedad de las acciones de Coeymans, destacando que su conducta ha tenido repercusiones significativas en el mercado financiero chileno.
El caso de Primus Capital continúa desarrollándose, y se espera que las audiencias judiciales arrojen más luz sobre las complejidades de este escándalo financiero. La situación ha generado un debate sobre la regulación del mercado y la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión para prevenir futuros fraudes. A medida que avanza el proceso judicial, la atención del público y de los inversores se mantendrá en este caso emblemático que ha sacudido los cimientos de la confianza en el sistema financiero del país.
