En Chile, la discusión sobre la indemnización por despido ha cobrado relevancia en los últimos tiempos, especialmente tras la presentación de un proyecto de ley por parte de un grupo de diputados del Frente Amplio. Este proyecto busca eliminar el límite actual de 11 años para la indemnización por término de contrato, permitiendo que todos los trabajadores con contrato indefinido reciban una compensación proporcional a los años efectivamente trabajados. Esta propuesta se enmarca dentro del artículo 163 del Código del Trabajo, que desde 1981 ha establecido un tope máximo para la indemnización legal, limitando su cálculo a 330 días de remuneración, equivalente a 11 meses de salario.
La intención de este proyecto es extender los beneficios para los trabajadores, pero se enfrenta a una realidad global donde muchos países de la OCDE tienen sistemas de indemnización más flexibles y menos costosos. En 2015, la OCDE recomendó a Chile la necesidad de extender el seguro de cesantía, reducir la indemnización por despido y fomentar la formalización del trabajo, recomendaciones que hasta la fecha no se han implementado.
### La Realidad Laboral en Chile
La elevada protección de los trabajadores con contrato indefinido en Chile ha sido objeto de análisis por parte de diversas instituciones. Un informe de Libertad y Desarrollo (LyD) señala que esta protección está dificultando la inserción laboral de los jóvenes, quienes enfrentan mayores barreras para acceder a empleos formales. La rigidez del sistema chileno se traduce en un entorno laboral menos dinámico, donde las empresas pueden mostrarse reacias a contratar debido al alto costo que representa una posible indemnización por despido.
El sistema chileno, que otorga un sueldo por cada año trabajado con un tope de 11 meses, se considera uno de los más costosos de la OCDE. Por ejemplo, un trabajador cuyo último salario fue de $800.000 podría recibir casi 8,8 millones de pesos como indemnización. Esta cifra contrasta con los sistemas de otros países, donde las indemnizaciones son significativamente menores y más flexibles, lo que permite una mayor movilidad laboral.
### Comparativa Internacional de Sistemas de Indemnización
A nivel internacional, los sistemas de indemnización por despido varían considerablemente. En países como Suiza, Suecia y Bélgica, no existen normas específicas sobre indemnización por despido, lo que permite una mayor flexibilidad en el mercado laboral. En el Reino Unido, por ejemplo, los trabajadores tienen derecho a una indemnización si han estado empleados durante un mínimo de dos años, lo que fomenta la contratación sin el temor a altos costos por despidos.
En Estonia, la indemnización por despido se establece en un mes de salario, con incrementos adicionales según los años de servicio. Por otro lado, en Canadá, la indemnización puede oscilar entre 5 y 40 días de salario, dependiendo de las condiciones laborales y las normativas provinciales. En Irlanda, los empleados despedidos generalmente tienen derecho a una semana de salario más dos semanas por cada año de servicio, lo que también refleja un enfoque más flexible que el chileno.
Hungría presenta un sistema que otorga indemnización en función de los años de empleo, con pagos que varían desde un mes hasta seis meses, dependiendo de la duración del contrato. En Portugal, los cambios regulatorios han llevado a que la indemnización se calcule considerando la fecha de inicio del empleo, lo que también introduce un elemento de flexibilidad en el sistema.
La comparación con el sistema chileno revela que, mientras otros países han optado por modelos que favorecen la movilidad laboral y la reducción de costos para las empresas, Chile se mantiene en un enfoque más rígido y costoso. Esto plantea un dilema sobre la necesidad de reformar el sistema de indemnización para adaptarse a las realidades del mercado laboral actual y fomentar una mayor inclusión de los jóvenes en la fuerza laboral.
La discusión sobre la indemnización por despido en Chile es un reflejo de un debate más amplio sobre la protección laboral y la necesidad de equilibrar los derechos de los trabajadores con la flexibilidad que requieren las empresas para adaptarse a un entorno económico cambiante. A medida que se avanza en este debate, será crucial considerar las experiencias de otros países y las recomendaciones de organismos internacionales para encontrar un camino que beneficie tanto a trabajadores como a empleadores.
