En la mañana del 30 de octubre de 2025, la comuna de Placilla, ubicada en la región de Valparaíso, se convirtió en el escenario de un desalojo que ha generado controversia y protestas. Efectivos de Carabineros se desplegaron en el área para llevar a cabo el desalojo de la toma conocida como Unión Sin Fronteras, un asentamiento irregular que ha albergado a aproximadamente 120 familias desde 2022. A pesar de la presencia policial, algunos residentes manifestaron su descontento a través de disturbios y barricadas, lo que llevó a la detención de un individuo con una orden pendiente.
La situación en Placilla es un reflejo de un problema más amplio que enfrenta Chile en relación con la vivienda y los asentamientos irregulares. La toma Unión Sin Fronteras ha sido objeto de atención mediática y política, y el desalojo ha suscitado diversas reacciones entre los ciudadanos y las autoridades. Yanino Riquelme, delegado presidencial regional de Valparaíso, defendió la acción policial, afirmando que se estaba cumpliendo con un mandato judicial y que se había intentado dialogar con los pobladores durante un tiempo considerable.
### Contexto del Asentamiento Irregular
La toma Unión Sin Fronteras se estableció en un terreno privado, lo que ha complicado la situación legal de sus ocupantes. Según las autoridades, el proceso de desalojo se ha llevado a cabo tras una serie de gestiones por parte de los propietarios del terreno, quienes solicitaron el apoyo de la fuerza pública para recuperar su propiedad. Riquelme indicó que, a pesar de que el asentamiento había albergado a 120 familias, el número de residentes había disminuido significativamente en los días previos al desalojo, con solo unas 10 a 15 viviendas aún ocupadas.
El desalojo no solo plantea cuestiones legales, sino también sociales. Muchas de las familias que habitan en estos asentamientos irregulares provienen de contextos vulnerables y han encontrado en ellos una solución temporal a la crisis habitacional que enfrenta el país. La falta de vivienda asequible y la creciente desigualdad han llevado a un aumento en la creación de tomas en diversas regiones de Chile, lo que ha generado un debate sobre cómo abordar esta problemática de manera efectiva y humana.
Las autoridades han asegurado que se brindará apoyo a las familias afectadas, incluyendo albergue transitorio y asistencia social. Sin embargo, la implementación de estas medidas es crucial para evitar que las familias desalojadas caigan en situaciones de mayor vulnerabilidad. La respuesta del gobierno y de las instituciones sociales será fundamental para mitigar el impacto del desalojo y garantizar que los derechos de los ciudadanos sean respetados.
### Reacciones y Consecuencias del Desalojo
Las reacciones al desalojo de la toma Unión Sin Fronteras han sido diversas. Por un lado, algunos ciudadanos y organizaciones sociales han expresado su apoyo a los ocupantes, argumentando que el desalojo es una violación de sus derechos y que no se han considerado adecuadamente las circunstancias que llevaron a estas familias a ocupar el terreno. Por otro lado, hay quienes apoyan la acción de las autoridades, argumentando que es necesario restablecer el orden y la legalidad en el uso del suelo.
Los disturbios y barricadas que se produjeron durante el desalojo son un claro indicativo del descontento social que existe en torno a la gestión de la vivienda en Chile. La falta de soluciones efectivas para la crisis habitacional ha llevado a muchas personas a sentirse desesperadas y a recurrir a medidas extremas para hacer escuchar sus demandas. Este tipo de situaciones no solo afecta a los ocupantes de las tomas, sino que también tiene repercusiones en la comunidad en general, generando tensiones y divisiones entre los ciudadanos.
Además, el desalojo de la toma Unión Sin Fronteras podría sentar un precedente para futuros desalojos en otras tomas a lo largo del país. La forma en que se maneje esta situación podría influir en la percepción pública sobre la política habitacional del gobierno y su capacidad para abordar las necesidades de las comunidades vulnerables. Las autoridades deberán ser cuidadosas en su enfoque, asegurando que se respeten los derechos humanos y se ofrezcan soluciones sostenibles a largo plazo.
En resumen, el desalojo de la toma Unión Sin Fronteras en Placilla es un reflejo de una crisis más amplia que enfrenta Chile en términos de vivienda y desigualdad social. La respuesta de las autoridades y la sociedad civil será crucial para determinar cómo se desarrollará esta situación en el futuro y qué medidas se implementarán para abordar las necesidades de las familias afectadas. La gestión de la crisis habitacional en Chile requiere un enfoque integral que contemple tanto la legalidad como la dignidad de las personas involucradas.
