La mañana del 30 de septiembre de 2025, se llevó a cabo un operativo de desalojo y demolición en la toma Calicheros de Quilpué, un asentamiento ilegal que había sido objeto de controversia desde su establecimiento. Este proceso, que involucró a más de 250 efectivos de Carabineros, se realizó en terrenos que pertenecían al empresario Alejandro Correa, quien fue asesinado en 2020 tras denunciar la usurpación de sus propiedades. La situación en Quilpué ha sido tensa, y el desalojo se había anticipado con un registro previo de las familias que habitaban en el lugar, quienes debían abandonar sus viviendas antes de que comenzara la demolición.
El operativo se desarrolló con un despliegue significativo de maquinaria pesada y un fuerte contingente policial, lo que generó una gran expectación en la comunidad. A pesar de la resistencia de algunos ocupantes, la mayoría de las familias habían sido informadas con antelación sobre el desalojo, lo que facilitó el proceso. Según el delegado presidencial de la región de Valparaíso, Yanino Riquelme, alrededor del 50% de las viviendas ya habían sido desarmadas por los propios ocupantes antes de la llegada de las autoridades, quienes se encargaron de garantizar un procedimiento pacífico.
### Contexto de la Toma Calicheros
La toma Calicheros se había convertido en un símbolo de la problemática de la ocupación ilegal en Chile, un fenómeno que ha crecido en los últimos años debido a la crisis habitacional y la falta de políticas efectivas para abordar la situación. La ocupación de terrenos privados ha generado conflictos entre los propietarios y los ocupantes, así como un debate sobre los derechos de las personas que buscan un lugar donde vivir. En este caso particular, la historia del empresario Alejandro Correa añade un matiz trágico a la situación, ya que su asesinato dejó un vacío en la gestión de sus propiedades y un clima de incertidumbre en la zona.
El desalojo de la toma se enmarca en un esfuerzo más amplio del gobierno por recuperar terrenos ocupados ilegalmente y restablecer el orden en áreas afectadas por la usurpación. Sin embargo, este tipo de operativos no están exentos de críticas, ya que muchos argumentan que la solución a la crisis habitacional no puede ser simplemente la demolición de viviendas, sino que debe incluir políticas de vivienda asequible y programas de integración social.
### Desarrollo del Operativo
El operativo de demolición se llevó a cabo en un plazo máximo de dos días, con la intención de completar la limpieza del área en un período de cinco días. Durante la primera jornada, se registró un ambiente de calma, con la mayoría de los ocupantes colaborando en el proceso de desalojo. La capitán de Carabineros, Javiera García, describió el procedimiento como «pacífico», destacando que las familias estaban sacando sus pertenencias y recibiendo las facilidades necesarias para hacerlo.
Sin embargo, no todo transcurrió sin incidentes. Se registró una detención durante el operativo, relacionada con una persona que ingresó al terreno y que tenía una orden de investigación pendiente. Este tipo de situaciones pone de relieve la complejidad del contexto en el que se desarrollan estos desalojos, donde la seguridad y el orden público deben ser garantizados, pero también se deben considerar los derechos de las personas afectadas.
El diálogo entre las autoridades y los ocupantes ha sido un componente clave en la ejecución de este tipo de operativos. La general Patricia Vásquez, jefa de zona de Valparaíso, afirmó que hasta el momento no había habido oposición significativa a las acciones de Carabineros, lo que sugiere que el proceso de comunicación previo al desalojo pudo haber sido efectivo en este caso.
### Implicaciones Sociales y Políticas
La demolición de la toma Calicheros no solo tiene implicaciones inmediatas para los ocupantes y el terreno en cuestión, sino que también plantea preguntas más amplias sobre la política de vivienda en Chile. La crisis habitacional ha llevado a un aumento en la ocupación ilegal de terrenos, y muchos expertos advierten que la respuesta del gobierno debe ir más allá de los desalojos y las demoliciones.
Es fundamental que se desarrollen políticas integrales que aborden las causas subyacentes de la crisis habitacional, como la falta de acceso a vivienda asequible, el aumento de los precios de los arriendos y la escasez de terrenos disponibles para la construcción de nuevas viviendas. Además, es crucial que se implementen programas de apoyo social para las familias que se ven obligadas a ocupar terrenos, brindándoles alternativas viables y sostenibles.
La situación en Quilpué es un reflejo de un problema más amplio que afecta a muchas comunidades en Chile. La necesidad de un enfoque equilibrado que contemple tanto la seguridad de los propietarios como los derechos de los ocupantes es más urgente que nunca. A medida que se llevan a cabo más desalojos en diferentes partes del país, la sociedad chilena debe enfrentar el desafío de encontrar soluciones que sean justas y equitativas para todos los involucrados.
