La situación de los tribunales ambientales en Chile ha generado un creciente debate sobre la eficacia y la estructura del sistema judicial en el país. Desde su creación en 2012, estos tribunales han enfrentado múltiples desafíos que han puesto en entredicho su capacidad para gestionar los casos relacionados con el medio ambiente y los proyectos de inversión. Uno de los términos que ha cobrado relevancia en este contexto es «permisología», que se refiere a la complejidad y la carga burocrática que enfrentan los proyectos de inversión debido a la necesidad de obtener múltiples permisos y aprobaciones. Sin embargo, la problemática no se limita a la burocracia, sino que también incluye la falta de personal adecuado en los tribunales, lo que ha llevado a una crisis en su funcionamiento.
Desde su inicio, los tribunales ambientales han operado con una integración incompleta. La ley establece que cada tribunal debe contar con un número específico de ministros, abogados y científicos, pero desde 2014, ninguno de los tres tribunales del país ha logrado cumplir con esta normativa. En la actualidad, el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta es el mejor constituido, pero aún carece de algunos miembros clave. Por otro lado, el Segundo Tribunal de Santiago enfrenta una situación crítica, ya que uno de sus ministros está a punto de finalizar su mandato, lo que podría dejarlo aún más desprovisto de personal. El Tercero de Valdivia es el más afectado, con solo dos integrantes en funciones, lo que plantea serias dudas sobre su capacidad para abordar los casos que se le presentan.
La falta de ministros titulares y suplentes no solo afecta la operatividad de los tribunales, sino que también impacta la predictibilidad de los fallos y la confianza del público en el sistema de justicia ambiental. Según Paulina Riquelme, abogada socia del estudio Eelaw, la integración parcial mediante ministros suplentes no es una solución sostenible y puede prolongar los procedimientos judiciales. Esto se traduce en una mayor incertidumbre para los proyectos de inversión, que dependen de la aprobación judicial para avanzar.
### La Carga Burocrática y sus Consecuencias
La complejidad del sistema de permisos en Chile ha sido objeto de críticas por parte de abogados y expertos en medio ambiente. La necesidad de contar con autorizaciones firmes antes de iniciar grandes inversiones ha llevado a que muchos proyectos se estanquen en la fase de evaluación. Estadísticas indican que aproximadamente el 10% de los proyectos evaluados enfrentan una fase recursiva, cifra que se eleva al 20% en aquellos que requieren un Estudio de Impacto Ambiental. Esta situación no solo afecta a los inversores, sino que también tiene repercusiones en el desarrollo económico del país.
Los abogados ambientales han señalado que la falta de personal en los tribunales agrava la controversia sobre los permisos y la posibilidad de agilizar las inversiones. La situación actual, caracterizada por vacantes prolongadas y un funcionamiento con quórums mínimos, es vista como una advertencia sobre la fragilidad del sistema. Felipe Arévalo, socio del estudio PPU, enfatiza que esta crisis no debe ser vista como un reproche a los tribunales, sino como una señal de alerta sobre la necesidad de reformas estructurales.
Las dificultades para conformar los tribunales se deben a varios factores, incluyendo los estrictos requisitos para ser ministro. Los abogados deben contar con al menos diez años de experiencia en derecho ambiental, administrativo o jurisdiccional, lo que limita el número de profesionales calificados. Además, el cargo exige dedicación exclusiva, lo que dificulta la reinserción de los ministros en el ejercicio profesional una vez finalizado su mandato. La remuneración, aunque competitiva, no parece ser suficiente para atraer a los mejores talentos, especialmente considerando las restricciones que impone el cargo.
### Propuestas para la Reforma del Sistema
Ante esta crisis, se han propuesto diversas soluciones para mejorar la situación de los tribunales ambientales. Una de las propuestas más discutidas es la modificación del procedimiento de nombramiento de los ministros. Actualmente, este proceso involucra a múltiples entidades, incluyendo el Consejo de Alta Dirección Pública, la Corte Suprema y el Senado, lo que puede llevar a demoras significativas. José Ignacio Vásquez, ex presidente del Tribunal Ambiental de Santiago, ha sugerido que la Corte Suprema debería asumir un papel más activo en el proceso de selección, dado su conocimiento sobre la elección de jueces.
Además, se ha presentado un proyecto de ley en el Senado que busca simplificar el mecanismo de subrogación, permitiendo que los ministros de otros tribunales ambientales puedan cubrir vacantes temporales. Sin embargo, la Corte Suprema ha expresado preocupaciones sobre la viabilidad de esta propuesta, citando problemas de lejanía geográfica y el riesgo de prolongar el funcionamiento anómalo de los tribunales.
La situación actual de los tribunales ambientales en Chile es un reflejo de la complejidad del sistema de justicia y la necesidad de reformas que permitan una mejor gestión de los casos ambientales. La falta de personal adecuado y la carga burocrática son solo algunos de los desafíos que deben abordarse para garantizar un sistema judicial eficiente y confiable que pueda responder a las necesidades de los proyectos de inversión y la protección del medio ambiente.
