El reciente debate en torno al levantamiento del secreto bancario en Chile ha generado una serie de reacciones tanto desde el gobierno como desde la oposición. Javier Etcheberry, exdirector del Servicio de Impuestos Internos (SII), ha expresado su preocupación sobre la capacidad de esta institución para manejar adecuadamente la información bancaria de los ciudadanos. En una entrevista, Etcheberry afirmó que teme que el SII no esté preparado para gestionar el acceso a datos tan sensibles, especialmente a la luz de las filtraciones que han ocurrido en el pasado.
### La Perspectiva de Javier Etcheberry
Etcheberry, quien dejó su cargo hace poco más de dos meses, ha señalado que su renuncia estuvo relacionada con la divulgación de información personal que fue filtrada desde el SII. En sus declaraciones, enfatizó que «me da susto que el SII tenga acceso a la información bancaria si es que se pueden producir estas filtraciones». Esta afirmación resuena en un contexto donde la confianza en las instituciones públicas ha sido puesta a prueba por diversos escándalos de corrupción y filtraciones de datos.
El exdirector también mencionó que durante su tiempo en el SII, había evidencia de que algunos funcionarios accedían a bases de datos sin la debida autorización. Esto plantea serias dudas sobre la integridad y la seguridad de la información que el SII podría manejar si se aprueba el levantamiento del secreto bancario. «Tengo dudas sobre la aptitud del servicio para administrar el alzamiento del secreto bancario», afirmó Etcheberry, lo que ha llevado a muchos a cuestionar la viabilidad del proyecto de ley propuesto por el gobierno.
### Reacciones del Gobierno y la Oposición
Desde el Ejecutivo, la postura ha sido clara: el levantamiento del secreto bancario es una herramienta esencial para combatir el crimen organizado. El Presidente Gabriel Boric ha defendido esta medida, argumentando que es crucial para que la fiscalía pueda rastrear el dinero relacionado con actividades ilícitas. Sin embargo, esta posición no ha sido bien recibida por todos los sectores políticos.
Parlamentarios de la oposición han respaldado las preocupaciones de Etcheberry. Frank Sauerbaum, jefe de bancada de Renovación Nacional, ha manifestado que compartir el juicio del exdirector es fundamental para entender los riesgos asociados con el levantamiento del secreto bancario. Sauerbaum ha propuesto que el director del SII debería ser nombrado a través de un proceso de Alta Dirección Pública, en lugar de ser designado por un político, para garantizar la imparcialidad en la gestión de esta información sensible.
La diputada Sofía Cid, integrante de la comisión de Economía, también ha expresado su escepticismo. «Si hasta un exdirector del SII reconoce que dentro del propio servicio hay filtraciones y falta de control, ¿cómo vamos a confiar en que podrán administrar el acceso a las cuentas bancarias de todos los chilenos?». Esta afirmación subraya la desconfianza que existe hacia la capacidad del SII para manejar información tan delicada, especialmente en un contexto donde ya se han evidenciado problemas de filtraciones.
Por otro lado, algunos miembros del oficialismo han defendido la necesidad de modernizar las herramientas del SII. El diputado Sebastián Videla ha argumentado que la ciudadanía exige mayor transparencia y herramientas efectivas para combatir la evasión fiscal y el crimen organizado. Según él, «cerrar espacios de opacidad es una necesidad urgente». Sin embargo, también ha reconocido la importancia de implementar mecanismos de ciberseguridad adecuados para proteger la privacidad de los ciudadanos.
### La Necesidad de un Debate Serio
El debate sobre el levantamiento del secreto bancario en Chile no solo se centra en la capacidad del SII para manejar información sensible, sino también en la confianza que los ciudadanos tienen en sus instituciones. La posibilidad de que funcionarios públicos tengan acceso a datos bancarios sin las debidas garantías de seguridad y privacidad ha generado un clima de desconfianza que debe ser abordado con seriedad.
Las declaraciones de Etcheberry y las reacciones de los parlamentarios reflejan una preocupación generalizada sobre la falta de controles y la posibilidad de abusos en el manejo de información personal. La discusión no debe limitarse a la necesidad de combatir el crimen organizado, sino que también debe considerar la protección de los derechos de los ciudadanos y la integridad de las instituciones públicas.
En este contexto, es fundamental que el Congreso Nacional y el gobierno trabajen juntos para encontrar un equilibrio entre la necesidad de transparencia y la protección de la privacidad. La implementación de medidas adecuadas de ciberseguridad y la creación de un marco legal que garantice la protección de los datos personales son pasos necesarios para avanzar en este debate.
