El actor chileno Cristián Campos ha sido sobreseído por prescripción en un caso de abuso sexual que involucraba a su hijastra, Raffaella Di Girolamo. A pesar de que el tribunal ha acreditado la existencia de tres hechos de vulneración sexual, la acción penal ha sido extinguida debido a la prescripción de los delitos, lo que ha generado un amplio debate en la sociedad chilena sobre la justicia en casos de abuso.
### Contexto del Caso
La situación legal de Cristián Campos ha captado la atención del público y los medios de comunicación en Chile. El juez Edgardo Gutiérrez Basualto, encargado de dictar la resolución, ha señalado que los hechos de abuso ocurrieron entre 1989 y 1995, cuando la víctima era una menor de edad. En su fallo, el magistrado destacó que los relatos de la víctima eran consistentes y estaban respaldados por pruebas que evidencian el daño emocional sufrido.
El primer hecho acreditado ocurrió en 1989, cuando Raffaella tenía solo 11 años. Posteriormente, se identificaron otros dos incidentes: uno entre 1991 y 1992, cuando la víctima tenía entre 13 y 14 años, y otro en 1995, cuando tenía 17 años. A pesar de la gravedad de las acusaciones y la evidencia presentada, el juez determinó que la acción penal había prescrito, lo que llevó al sobreseimiento total y definitivo del actor.
### Implicaciones del Sobreseimiento
El sobreseimiento por prescripción ha generado reacciones diversas en la opinión pública. Muchos se cuestionan la efectividad del sistema judicial para abordar casos de abuso sexual, especialmente cuando las víctimas son menores de edad. La prescripción de delitos de esta naturaleza plantea interrogantes sobre la protección de las víctimas y la posibilidad de obtener justicia en un plazo razonable.
La decisión del tribunal se basa en el artículo 408 N° 5 del Código de Procedimiento Penal, que establece que la responsabilidad penal se extingue por prescripción. Esto significa que, aunque se haya acreditado la existencia de los delitos, el tiempo transcurrido ha impedido que se lleve a cabo un juicio penal. Esta situación ha suscitado un debate sobre la necesidad de reformar las leyes relacionadas con la prescripción de delitos sexuales, especialmente en casos que involucran a menores.
El fallo también abre la puerta a la posibilidad de que Cristián Campos presente una apelación ante la Corte de Apelaciones. Sin embargo, el hecho de que el tribunal haya reconocido su culpabilidad en los hechos descritos, aunque no haya consecuencias penales, deja un vacío en la búsqueda de justicia para la víctima.
La sociedad chilena ha mostrado un creciente interés en la protección de los derechos de las víctimas de abuso sexual. Organizaciones y activistas han comenzado a abogar por cambios legislativos que permitan que los delitos de abuso no prescriban, especialmente cuando afectan a menores. La necesidad de un enfoque más riguroso en la justicia para estos casos es un tema que continúa en la agenda pública.
El caso de Cristián Campos es un recordatorio de los desafíos que enfrentan las víctimas de abuso sexual al intentar obtener justicia. A pesar de que el tribunal ha reconocido la existencia de los delitos, la prescripción ha impedido que se impongan sanciones penales, lo que puede desincentivar a otras víctimas a denunciar situaciones similares.
La discusión sobre la prescripción de delitos sexuales también se ha intensificado en otros países, donde se están considerando reformas para garantizar que las víctimas tengan la oportunidad de buscar justicia sin importar el tiempo transcurrido desde que ocurrieron los hechos. En este contexto, el caso de Campos podría servir como un catalizador para un cambio en la legislación chilena.
En resumen, el sobreseimiento de Cristián Campos por prescripción en un caso de abuso sexual ha puesto de relieve la necesidad de revisar las leyes que rigen la prescripción de delitos de esta naturaleza. La sociedad chilena sigue debatiendo sobre cómo mejorar la protección de las víctimas y garantizar que se haga justicia en casos de abuso, especialmente cuando involucran a menores de edad. La voz de las víctimas y la presión social podrían ser determinantes para impulsar cambios significativos en el sistema judicial chileno.
