Recientemente, un grupo de diputados de Renovación Nacional (RN) ha solicitado a la Contraloría General de la República que inicie una investigación administrativa debido a la amenaza de suspensión de 300 licencias de Microsoft Office en el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig). Esta situación ha generado preocupación entre los legisladores, quienes advierten sobre las implicaciones que podría tener para el funcionamiento de un servicio público esencial.
El conflicto se originó cuando el servicio fue adjudicado a la empresa Salaam Desarrollos Eléctricos SPA, que a su vez subcontrató a Zona Portátil (ZP) para gestionar las licencias. ZP denunció que no recibió pagos durante cinco meses, lo que llevó a la amenaza de suspensión de las licencias, cruciales para las operaciones del Sermig. La Corte de Apelaciones de Santiago, al conocer la situación, acogió un recurso de protección interpuesto por Migraciones, dictando una orden de no innovar que ha garantizado, por ahora, la continuidad operativa del servicio.
Los diputados, liderados por Miguel Mellado y Carla Morales, han expresado su preocupación por los riesgos que esta crisis representa. En un oficio enviado a la Contraloría, alertaron sobre cómo la suspensión de las licencias podría afectar tareas esenciales del Sermig, como la tramitación de permisos de residencia, órdenes de expulsión, coordinación con tribunales y la elaboración de documentos administrativos y jurídicos. Mellado enfatizó que «estamos frente a una situación extremadamente delicada, que compromete el funcionamiento de un servicio público esencial para el país».
Además, los parlamentarios han destacado que Migraciones ha interpuesto una denuncia ante el Ministerio Público por posible incumplimiento contractual por parte de la empresa adjudicataria. Morales, por su parte, subrayó la necesidad de esclarecer si hubo negligencia en la supervisión de un servicio crítico subcontratado y si las autoridades del Sermig tomaron las medidas adecuadas para resguardar el funcionamiento institucional.
El oficio también hace hincapié en la posible vulneración de principios legales establecidos en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, como el deber de eficiencia y la responsabilidad en la gestión de recursos públicos. Rey, otro de los diputados involucrados, afirmó que «la contratación de un servicio esencial sin asegurar mecanismos adecuados de supervisión y continuidad expone al Estado a situaciones de riesgo operativo». Longton, por su parte, agregó que «es crucial que se adopten medidas preventivas para evitar que este tipo de situaciones se repitan en otras instituciones».
La situación en el Sermig pone de manifiesto la importancia de una gestión adecuada de los recursos públicos y la necesidad de supervisión efectiva en los contratos de servicios esenciales. La falta de pago a ZP no solo ha generado una crisis operativa, sino que también ha puesto en tela de juicio la capacidad de las autoridades para manejar situaciones críticas que afectan directamente a la ciudadanía.
La respuesta de la Contraloría y el Ministerio Público será fundamental para determinar las responsabilidades en este caso y para asegurar que se tomen las medidas necesarias para evitar que situaciones similares ocurran en el futuro. La transparencia en la gestión de recursos y la supervisión de contratos son aspectos clave para garantizar el correcto funcionamiento de los servicios públicos, especialmente en áreas tan sensibles como la migración.
La crisis en el Sermig es un recordatorio de que la gestión pública debe ser rigurosa y responsable. La confianza de la ciudadanía en las instituciones depende de su capacidad para operar de manera eficiente y transparente. Los diputados de RN han tomado la iniciativa de exigir una investigación, lo que podría ser un paso hacia la rendición de cuentas y la mejora en la gestión de los servicios públicos en Chile. La atención a este caso no solo es importante para el Sermig, sino que también puede sentar un precedente para la supervisión de otros contratos de servicios públicos en el país.
