El reciente anuncio del gobierno israelí sobre la destitución de la fiscal general, Gali Baharav-Miara, ha generado un gran revuelo en el país. Esta decisión, tomada por unanimidad por el gabinete, se produce en un contexto de tensiones políticas y manifestaciones en contra del primer ministro Benjamin Netanyahu. La situación ha puesto de manifiesto las divisiones dentro del gobierno y ha suscitado preocupaciones sobre el estado de la democracia en Israel.
La votación, que tuvo lugar el 4 de agosto de 2025, fue liderada por el ministro de Justicia, Yariv Levin, quien comunicó la decisión a través de su perfil en Facebook. En su mensaje, Levin afirmó que el gobierno había aprobado su propuesta para terminar con el mandato de Baharav-Miara de manera inmediata. Sin embargo, esta destitución no será efectiva hasta que el Tribunal Superior de Justicia revise la legalidad del proceso, lo que ha añadido una capa de complejidad a la situación.
### Contexto Político y Judicial
La destitución de Baharav-Miara no es un hecho aislado, sino que se inscribe en un contexto más amplio de tensiones políticas en Israel. Desde que asumió el cargo, la fiscal general ha sido una figura controvertida, especialmente por su oposición a varias políticas del gobierno de Netanyahu. En particular, su negativa a defender ciertas decisiones del gabinete en los tribunales ha sido un punto de fricción. El gobierno ha argumentado que su actuación responde a motivaciones políticas, mientras que Baharav-Miara ha defendido su papel como guardiana del Estado de derecho.
La situación ha llevado a la oposición, representada por el partido Yesh Atid, a presentar una petición ante el Tribunal Superior de Justicia para bloquear la destitución. La diputada Karine Elharrar, portavoz del partido, ha denunciado que el gobierno busca deshacerse de cualquier asesoramiento legal que no se alinee con sus intereses, lo que podría tener graves implicaciones para la democracia en el país. En sus declaraciones, Elharrar enfatizó que «el gobierno no quiere asesoramiento legal, quiere obediencia».
### Reacciones y Consecuencias
La destitución de Baharav-Miara ha provocado una ola de protestas en las calles de Israel. Miles de ciudadanos se han manifestado frente a la oficina del primer ministro, expresando su descontento con la decisión y defendiendo la independencia del poder judicial. Estas manifestaciones son un reflejo de un descontento más amplio con la dirección que ha tomado el gobierno de Netanyahu, especialmente en lo que respecta a la judicialización de la política.
El ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhi, quien ha sido un crítico abierto de Baharav-Miara, ha exigido un nombramiento inmediato de un sucesor. En sus declaraciones, Karhi ha afirmado que no se puede permitir un vacío de poder en el ámbito judicial, sugiriendo que la situación actual podría llevar a una crisis de gobernabilidad. Su postura ha sido respaldada por otros miembros del gobierno, quienes ven la destitución como un paso necesario para avanzar en sus políticas.
Por otro lado, la fiscal general ha calificado el proceso de destitución como «ilegal», argumentando que su trabajo es presentar los límites de la ley al gobierno, sin que esto implique diferencias de opinión que justifiquen su cese. Esta defensa de su papel ha resonado entre sectores de la población que valoran la independencia judicial como un pilar fundamental de la democracia.
La situación actual plantea interrogantes sobre el futuro del sistema judicial en Israel y la capacidad del gobierno para implementar sus políticas sin la oposición de instituciones clave. A medida que el Tribunal Superior de Justicia se prepara para revisar la legalidad de la destitución, el país se encuentra en un momento crítico que podría definir el rumbo de su democracia en los próximos años.
La destitución de Gali Baharav-Miara es un síntoma de las tensiones que existen en el seno del gobierno israelí y entre este y la sociedad civil. A medida que se desarrollan los acontecimientos, será crucial observar cómo se desarrollan las dinámicas de poder y cómo la ciudadanía responde a las decisiones que afectan a sus instituciones democráticas.
