La reciente destitución de Dina Boluarte como presidenta de Perú ha dejado al país en un estado de incertidumbre y preocupación. La decisión del Congreso, que se produjo en medio de un clima de creciente inseguridad y descontento social, ha sido impulsada por la incapacidad de la mandataria para abordar la crisis de violencia que afecta a la nación. Este artículo explora los eventos que llevaron a su destitución y el impacto del ataque armado contra el grupo musical Agua Marina, un incidente que ha resonado profundamente en la sociedad peruana.
La destitución de Boluarte se produjo el 10 de octubre de 2025, cuando el Congreso aprobó con 122 votos las mociones de vacancia en su contra, alegando «incapacidad moral permanente». Este hecho se da en un contexto donde la presidenta enfrentaba un récord de impopularidad del 96%, un reflejo de la frustración ciudadana ante la creciente ola de criminalidad y la falta de respuestas efectivas por parte del gobierno. La situación se tornó insostenible tras el ataque armado al grupo de cumbia Agua Marina, que dejó a varios heridos y generó una ola de indignación en la población.
### El Ataque a Agua Marina: Un Símbolo de la Inseguridad
El ataque al grupo Agua Marina ocurrió durante un concierto en el Círculo Militar del distrito de Chorrillos, donde se registraron aproximadamente 25 disparos y 23 impactos de bala en el escenario. Este ataque no solo dejó a cinco personas heridas, incluyendo a miembros de la orquesta, sino que también puso de manifiesto la vulnerabilidad de los artistas y la población en general ante la violencia desatada por bandas criminales.
La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chorrillos ha iniciado investigaciones por tentativa de homicidio, y se ha identificado a los atacantes como dos individuos que se desplazaban en motocicleta. Este tipo de violencia no es un caso aislado; en los últimos años, la delincuencia ha aumentado en Perú, afectando a diversos sectores de la sociedad, incluidos artistas y trabajadores del transporte, quienes han sido blanco de extorsiones y ataques.
El ataque a Agua Marina ha reavivado el debate sobre la seguridad en el país y la protección de los artistas, quienes han denunciado en múltiples ocasiones la presión y extorsiones que sufren por parte de grupos criminales. La situación se ha vuelto tan crítica que el presidente de la Asociación Peruana de Autores y Compositores ha declarado que el ataque revela que el problema de la inseguridad ha escapado de las manos de las autoridades.
### La Reacción del Gobierno y la Sociedad
La respuesta del gobierno de Boluarte ante el ataque fue considerada insuficiente. Mientras el país clamaba por medidas de seguridad efectivas, la presidenta asistió a un evento oficial sin hacer mención del atentado, lo que generó aún más descontento entre la población. La falta de un pronunciamiento claro y contundente sobre el ataque fue vista como una muestra de desconexión con la realidad que vive el país.
La situación se ha vuelto insostenible, y la presión sobre Boluarte aumentó cuando los principales partidos políticos que la apoyaban, como Fuerza Popular y Renovación Popular, anunciaron su respaldo a las mociones de vacancia. Esta decisión fue interpretada como un movimiento estratégico en el contexto de las próximas elecciones presidenciales de 2026, donde varios líderes políticos buscan posicionarse como alternativas viables ante el creciente descontento social.
La destitución de Boluarte no solo refleja la crisis de liderazgo en el país, sino también la desesperación de una población que ha visto cómo la inseguridad se ha convertido en una de sus principales preocupaciones. Las encuestas indican que la delincuencia y la extorsión son temas recurrentes en las conversaciones cotidianas de los ciudadanos, quienes exigen respuestas claras y efectivas de sus autoridades.
El ataque a Agua Marina y la posterior destitución de Boluarte han puesto de relieve la necesidad urgente de una reforma en el sistema de seguridad y justicia en Perú. La percepción de que el Estado ha fallado en proteger a sus ciudadanos ha llevado a un clamor generalizado por cambios significativos que permitan recuperar la confianza en las instituciones y garantizar la seguridad de todos.
En medio de esta crisis, la sociedad peruana se enfrenta a un futuro incierto. La destitución de una presidenta en medio de un clima de violencia y descontento social es un recordatorio de que la seguridad y la justicia son derechos fundamentales que deben ser garantizados por el Estado. La situación actual exige una respuesta contundente y efectiva que aborde las raíces de la violencia y la inseguridad, y que permita a los ciudadanos vivir sin miedo.
