La situación política en San Bernardo ha alcanzado un punto crítico, con la presentación de un requerimiento formal para destituir al alcalde Christopher White. Este movimiento, respaldado por un grupo significativo de concejales, se basa en acusaciones de notable abandono de deberes y graves irregularidades financieras que han afectado a la comunidad. Los concejales Juan Francisco Rivera, Carolina Fuentealba, María Jesús Núñez y Mariela Araya han liderado esta iniciativa, que se formalizó ante el Tribunal Electoral Regional (TER).
### Acusaciones de Abandono de Deberes
Los concejales han argumentado que la gestión del alcalde White ha estado marcada por una serie de omisiones y decisiones que han perjudicado gravemente a la municipalidad. Uno de los puntos más críticos es la falta de pago de las cotizaciones previsionales de los funcionarios de la Corporación Municipal de Educación y Salud (Corsaber), que acumula una deuda que supera los $1.900 millones. Esta situación no solo pone en riesgo los derechos laborales de los trabajadores, sino que también ha generado un clima de incertidumbre y desconfianza en la administración municipal.
Además, se ha señalado que White suscribió convenios y contratos colectivos en 2022 sin contar con el respaldo presupuestario necesario, lo que ha llevado a un déficit financiero que supera los $3.400 millones. Este déficit ha sido confirmado por la Contraloría General de la República (CGR), lo que añade un peso adicional a las acusaciones en su contra.
Los concejales también han denunciado una gestión negligente que ha resultado en el embargo de bienes municipales debido a juicios laborales. La falta de transparencia en la entrega de información y rendiciones de cuentas exigidas por la ley ha sido otro de los puntos críticos que han llevado a esta situación. La concejala Mariela Araya ha expresado que esta acusación busca hacer justicia por los derechos vulnerados de los trabajadores, destacando la gravedad de la situación.
### Reacciones y Consecuencias Potenciales
El diputado Juan Irarrázaval, quien ha apoyado a los concejales en esta causa, ha calificado los antecedentes como de “máxima gravedad”. Ha enfatizado que no se puede permitir que se vulneren los principios de probidad y responsabilidad fiscal, y ha instado a que la ley se aplique con rigor en este caso. La presión sobre el alcalde White ha aumentado considerablemente, y la comunidad está atenta a los desarrollos de este proceso.
El Tribunal Electoral Regional de la Región Metropolitana ahora tiene la tarea de revisar los antecedentes presentados y determinar si se configura la causal de notable abandono de deberes y contravención grave a la probidad administrativa. Si se determina que hay mérito suficiente, esto podría llevar a la destitución del alcalde White, un desenlace que marcaría un hito en la historia política de San Bernardo.
La situación ha generado un amplio debate en la comunidad, donde muchos ciudadanos expresan su preocupación por el futuro de la administración municipal y la gestión de los recursos públicos. La falta de confianza en la gestión del alcalde ha llevado a un llamado a la acción por parte de los concejales, quienes buscan restablecer la integridad y la transparencia en la administración pública.
En medio de esta crisis, el alcalde White ha mantenido una postura defensiva, argumentando que las acusaciones son infundadas y que su gestión ha estado enfocada en el bienestar de la comunidad. Sin embargo, la creciente presión y las evidencias presentadas por los concejales han puesto en jaque su continuidad en el cargo.
La situación en San Bernardo es un claro ejemplo de cómo la gestión pública puede verse afectada por decisiones administrativas que no cumplen con los estándares de probidad y responsabilidad. La comunidad espera que el Tribunal Electoral actúe con celeridad y justicia, ya que el futuro de la administración municipal y los derechos de los trabajadores están en juego. La resolución de este conflicto no solo impactará a San Bernardo, sino que también podría sentar un precedente para otras municipalidades en el país.
