La situación de las contribuciones en Chile ha generado un clima de creciente tensión política. A pesar de las explicaciones ofrecidas por el director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, las dudas sobre la aplicación de estas contribuciones persisten. Recientemente, la senadora demócrata Ximena Rincón presentó un proyecto de ley que busca congelar las alzas en las contribuciones hasta que se realicen mejoras en la legislación que regula su fijación. Este proyecto se suma a otro que propone establecer un plazo de tres meses para que los ciudadanos puedan reclamar ante un aumento en sus contribuciones.
La presión política no se limita a la senadora Rincón. Los diputados de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper y Frank Sauerbaum, han tomado la iniciativa al enviar un oficio al SII solicitando información detallada sobre los criterios utilizados en la reevaluación de propiedades destinadas a vivienda. En este oficio, se pide que se especifiquen los factores considerados en la reevaluación, tales como ubicación, tamaño y tipo de construcción, así como si estos criterios son uniformes para todas las comunas o varían según la ubicación de la propiedad. Además, se requiere la entrega de documentos o instructivos vigentes que regulen este proceso.
La situación ha llevado a que se convoque a una sesión especial en la Comisión de Hacienda, donde se espera la presencia del ministro de Hacienda, Mario Marcel, y del director del SII. El objetivo es revisar en detalle las medidas adoptadas por el SII en relación con el avalúo de predios urbanos y agrícolas, analizando los efectos que este tributo ha tenido y generando reformas que respondan a criterios de justicia tributaria. Schalper ha anunciado que se reunirán con Etcheberry para abordar estas preocupaciones.
Desde el partido Republicano, la diputada Sofía Cid ha propuesto que los ciudadanos no paguen contribuciones por su primera vivienda, argumentando que no es justo que las personas que han hecho un esfuerzo por adquirir su hogar también deban pagar al Estado por vivir en él. Esta propuesta busca aliviar la carga económica sobre quienes han adquirido su primera propiedad, especialmente en un contexto donde el costo de vida ha aumentado significativamente.
Por otro lado, desde el oficialismo, la diputada Daniela Cicardini ha solicitado que se realice una sesión especial en la Cámara de Diputados para conocer las acciones que el Estado está implementando para ayudar a las familias afectadas por el aumento de las contribuciones. Cicardini ha enfatizado que, aunque debe existir un pago al Estado, este debe ser razonable y acorde a la realidad de cada familia.
La UDI también ha tomado cartas en el asunto, con los diputados Cristóbal Martínez y Flor Weisse anunciando que oficiarán a la Defensoría del Contribuyente para proponer cambios que beneficien a los adultos mayores, quienes han sido los más perjudicados por el aumento de las contribuciones en los últimos tiempos.
El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, ha sido uno de los ediles que ha alzado la voz en este debate. Según sus declaraciones, el 68% de las viviendas en Ñuñoa están sujetas a contribuciones, y el monto promedio ha aumentado en un 90% en solo cuatro años, pasando de $125,000 en 2022 a $250,000 en la actualidad. Sichel ha señalado que este aumento no se corresponde con el crecimiento de los ingresos de los ciudadanos, lo que convierte esta situación en un problema social grave. Ha instado al presidente Gabriel Boric a presentar un proyecto de ley que exima a los adultos mayores del pago de contribuciones por su primera vivienda, argumentando que es un gesto político mínimo para un gobierno que se dice social.
Sichel también ha propuesto que las tasaciones que generen controversia sean resueltas por peritos independientes, similar a lo que ocurre en procesos de expropiación. Ha llamado a otros alcaldes a no permanecer en silencio ante esta problemática, afirmando que en Ñuñoa están dispuestos a renunciar a ingresos si eso significa defender a sus vecinos.
La creciente presión política en torno a las contribuciones refleja una preocupación generalizada por la carga fiscal que enfrentan los ciudadanos, especialmente en un contexto económico desafiante. Las propuestas legislativas y las acciones de los alcaldes son indicativos de un deseo de abordar esta problemática de manera efectiva, buscando soluciones que sean justas y equitativas para todos los ciudadanos. La situación continúa evolucionando, y se espera que las discusiones en el ámbito político se intensifiquen en los próximos días a medida que se busquen respuestas a las preocupaciones de la población.
