La reciente ampliación del plazo para la presentación de observaciones en la consulta pública sobre los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad ha generado un intenso debate en Chile. Esta consulta, que se lleva a cabo en el marco de la implementación de la Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), busca involucrar a la ciudadanía en la identificación de áreas que requieren protección especial debido a su importancia ecológica. Sin embargo, la decisión del Ministerio del Medio Ambiente, liderado por la ministra Maisa Rojas, de extender el plazo ha suscitado críticas y preocupaciones tanto de empresarios como de organizaciones inmobiliarias.
La consulta pública se ha dividido en tres macrozonas: Norte, Centro y Sur, y se inició a comienzos de septiembre. La ampliación del plazo responde a las solicitudes de diversos actores que desean participar en el proceso, pero también ha sido vista como una oportunidad para que se expresen las inquietudes de aquellos que podrían verse afectados por la declaración de ciertos terrenos como sitios prioritarios. Cuando un terreno es clasificado como tal, se le aplican normativas ambientales más estrictas, lo que implica una mayor protección legal y restricciones sobre su uso.
### Reacciones de Empresarios y Gremios Inmobiliarios
Uno de los actores más vocales en esta discusión ha sido Manuel Cruzat, empresario y propietario de la sociedad minera Nuevo Pudahuel. Cruzat ha presentado una serie de reparos al Ministerio del Medio Ambiente, argumentando que la inclusión de ciertos terrenos en la propuesta de sitio prioritario afectaría directamente sus intereses comerciales. En su presentación, Cruzat se refirió específicamente a la declaración de El Roble como Sitio Prioritario, señalando que esto podría impactar negativamente en el potencial energético de la zona, donde se encuentran infraestructuras de transmisión y distribución de energía.
El documento presentado por Cruzat destaca la necesidad de ajustar la propuesta final para excluir terrenos que son fundamentales para futuros proyectos mineros y energéticos. La preocupación de Cruzat y otros empresarios radica en que la declaración de sitios prioritarios podría limitar severamente sus derechos de propiedad y la viabilidad de sus proyectos.
Por otro lado, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios de Chile (ADI) ha solicitado que se detenga el proceso actual hasta que se establezcan los reglamentos necesarios que garanticen un proceso claro y participativo. La ADI argumenta que la imposición de la categoría de sitio prioritario sobre terrenos ya calificados como urbanos podría generar conflictos jurídicos y aumentar la incertidumbre en el sector inmobiliario. Además, advierten que restringir el suelo urbano disponible podría tener efectos adversos, como el crecimiento informal y la expansión de asentamientos irregulares.
### El Caso del Proyecto Maratué
En medio de estas controversias, el proyecto inmobiliario Maratué, de la familia Lería, ha encontrado una situación diferente. Este proyecto, que obtuvo la aprobación del Comité de Evaluación Ambiental de Valparaíso, enfrenta ahora un desafío significativo con dos reclamaciones presentadas en su contra. A pesar de esto, Maratué ha expresado su disposición a colaborar con el Ministerio del Medio Ambiente en la conservación de los atributos ambientales del sector.
El gerente inmobiliario de Maratué, Felipe Lizana, ha manifestado que la no inclusión de ciertas áreas en la categoría de sitio prioritario no representa una desmejora ambiental, dado que el proyecto ya cuenta con un manejo ambiental adecuado. Además, el Ministerio ha ajustado los límites de los sitios prioritarios, excluyendo áreas urbanas consolidadas y zonas con infraestructura crítica, lo que ha beneficiado a Maratué al permitir que parte de su proyecto no se vea afectada por las nuevas regulaciones.
La situación de Maratué contrasta con las preocupaciones de otros desarrolladores que ven en la declaración de sitios prioritarios una amenaza a sus proyectos. Este escenario pone de manifiesto la complejidad de equilibrar la conservación ambiental con el desarrollo económico y urbano en Chile.
La consulta pública sobre los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad continúa siendo un tema candente en el país, con múltiples voces y perspectivas que buscan influir en el futuro de la gestión ambiental y el desarrollo urbano. A medida que se avanza en este proceso, será crucial encontrar un equilibrio que permita la protección de la biodiversidad sin sacrificar el desarrollo económico y los derechos de propiedad de los ciudadanos.
