En el contexto de la discusión sobre la Ley de Presupuesto 2026, la bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) ha levantado serias acusaciones contra el gobierno, señalando un incumplimiento de las metas fiscales establecidas. Este reclamo se produce en un momento crítico, donde la transparencia y la correcta gestión de los recursos públicos son más importantes que nunca. La situación se complica aún más con la oposición de la Unión Demócrata Independiente (UDI), que ha manifestado su descontento, especialmente en relación a una deuda significativa que el Ministerio de Vivienda mantiene con las constructoras.
La bancada de RN ha expresado que el gobierno no solo ha fallado en cumplir con sus metas de balance estructural, sino que los desvíos han sido de tal magnitud que ponen en duda la capacidad del Ejecutivo para manejar las finanzas del país. En este sentido, han señalado ejemplos concretos de mala gestión, como los compromisos incumplidos en el sector de Educación. Según sus afirmaciones, los fondos destinados a infraestructura escolar presentan una ejecución inferior al 10%, y otros recursos para la gestión de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) no han sido utilizados en absoluto.
La bancada de RN ha declarado que discutir un nuevo presupuesto sin tener claridad sobre el destino real de los fondos del año anterior es inaceptable. Por lo tanto, han exigido al Ejecutivo que presente cifras claras y precisas que reflejen el verdadero estado de las cuentas fiscales. Esto incluye la necesidad de conocer los modelos de proyección de ingresos fiscales, la deuda flotante, la deuda bajo línea y las holguras fiscales que se dejarán al próximo gobierno.
La crítica hacia la permanencia de los equipos técnicos que, según RN, han cometido errores repetidos en cuestiones clave para la salud fiscal del país, ha sido contundente. La bancada ha manifestado que esta situación es insostenible y que se cuestiona la verdadera voluntad del gobierno para corregir el rumbo. En este marco, han planteado que están dispuestos a estudiar todas las herramientas constitucionales disponibles para perseguir las responsabilidades pertinentes ante lo que consideran errores graves y reiterados.
### La Deuda del Ministerio de Vivienda
Uno de los puntos más críticos en esta discusión es la deuda de 130 millones de dólares que el Ministerio de Vivienda mantiene con las constructoras. Este tema ha sido un punto de fricción no solo entre los partidos de la coalición de gobierno, sino también con los sectores que dependen de estos recursos para llevar a cabo proyectos de infraestructura esenciales. La UDI ha sido particularmente vocal en su oposición, argumentando que esta deuda no solo afecta a las constructoras, sino que también retrasa proyectos que son vitales para el desarrollo urbano y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.
La falta de claridad sobre cómo se gestionarán estos recursos ha llevado a la UDI a rechazar la tramitación del presupuesto, lo que podría tener repercusiones significativas en la ejecución de proyectos en el futuro cercano. La situación se torna aún más compleja cuando se considera que la falta de inversión en infraestructura puede tener efectos en cadena, afectando no solo a la economía, sino también a la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
### Reacciones y Perspectivas Futuras
Las reacciones a estas acusaciones han sido variadas. Algunos analistas políticos sugieren que la presión ejercida por RN y UDI podría llevar al gobierno a reconsiderar su enfoque en la gestión fiscal. Sin embargo, otros advierten que esta situación podría intensificar las tensiones dentro de la coalición de gobierno, lo que podría dificultar aún más la aprobación del presupuesto.
A medida que se acerca la fecha límite para la aprobación del presupuesto, la presión sobre el gobierno aumentará. La necesidad de transparencia y rendición de cuentas es más urgente que nunca, y los ciudadanos esperan respuestas claras sobre cómo se están utilizando sus impuestos y qué medidas se están tomando para garantizar una gestión fiscal responsable.
La situación actual plantea un escenario complicado para el gobierno, que deberá navegar entre las demandas de la oposición y la necesidad de mantener la confianza pública. La forma en que se resuelva esta controversia no solo afectará el presupuesto de 2026, sino que también sentará un precedente para la gestión fiscal en los años venideros.
