La situación del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa Márquez, ha generado un intenso debate en el ámbito judicial y político de Chile. El 22 de octubre de 2025, la comisión revisora de la acusación constitucional en su contra llevó a cabo una sesión que se extendió desde las 10:00 hasta las 17:00 horas. A pesar de la invitación a figuras clave como el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, y el fiscal nacional, Ángel Valencia, solo se presentaron el diputado Daniel Manouchehri y el abogado defensor de Ulloa, Domingo Hernández, para exponer sus argumentos.
La acusación contra Ulloa se centra en sus supuestos vínculos con el abogado Luis Hermosilla, lo que ha llevado a cuestionar la imparcialidad del juez en diversas causas. Manouchehri, en su intervención, destacó que Ulloa había tejido una red de conexiones sociales influyentes, sugiriendo que sus relaciones personales podrían haber influido en sus decisiones judiciales. «Alguien podría decir que eso pertenece a su vida privada y probablemente pudiese tener razón, pero ese no es el punto central. El punto es que Antonio Ulloa participó activamente en causas que litigaban sus cercanos», argumentó el diputado.
El parlamentario también mencionó que Ulloa debió haberse abstenido de participar en al menos ocho causas donde litigaban abogados con los que mantenía relaciones personales. Esta situación ha llevado a un debate sobre la ética y la responsabilidad de los jueces en el ejercicio de sus funciones. La defensa de Ulloa, por su parte, ha calificado las acusaciones como «gravísimas» y ha argumentado que muchas de ellas están impregnadas de retórica política. Hernández enfatizó que, hasta que no haya una sentencia firme, Ulloa debe ser considerado inocente y no objeto de injurias.
El abogado defensor también hizo hincapié en que su cliente ha sido víctima de una campaña mediática que busca desprestigiarlo. «Las personas deben ser consideradas inocentes y tratadas como tales mientras no haya una sentencia ejecutoriada que demuestre lo contrario», afirmó Hernández. Esta defensa resuena en un contexto donde la percepción pública y mediática puede influir en la opinión sobre la justicia y la ética judicial.
La sesión de la comisión revisora se dividió en dos bloques, con el primer segmento destinado a escuchar a los invitados. Sin embargo, la ausencia de figuras clave como el presidente de la Corte Suprema y el fiscal nacional ha suscitado críticas y ha planteado interrogantes sobre la seriedad del proceso. La falta de asistencia de estos altos funcionarios podría interpretarse como una falta de interés o apoyo hacia la acusación, lo que añade una capa de complejidad al caso.
A medida que avanza la revisión de la acusación constitucional, se espera que se presenten más pruebas y testimonios que puedan influir en el desenlace del proceso. La situación de Ulloa no solo afecta su carrera profesional, sino que también plantea preguntas sobre la integridad del sistema judicial en Chile. La intersección entre la política y la justicia es un tema recurrente en el país, y este caso podría ser un punto de inflexión en la forma en que se perciben y manejan las acusaciones contra funcionarios judiciales.
La discusión sobre la ética judicial y la necesidad de mantener la independencia de los jueces es más relevante que nunca. La confianza del público en el sistema judicial depende de la percepción de que los jueces actúan de manera imparcial y sin influencias externas. La acusación contra Ulloa ha puesto de relieve la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en el ámbito judicial, así como la necesidad de establecer mecanismos que prevengan conflictos de interés.
En este contexto, la sociedad chilena observa atentamente el desarrollo de este caso, que podría tener repercusiones significativas en la confianza pública hacia el sistema judicial. La forma en que se resuelva la acusación constitucional contra Antonio Ulloa podría sentar un precedente para futuros casos similares y definir el rumbo de la ética judicial en el país. La presión sobre la comisión revisora es considerable, ya que su decisión no solo impactará la carrera de Ulloa, sino que también influirá en la percepción general sobre la justicia en Chile.
