El reciente conflicto entre varios bancos chilenos y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) ha generado un gran revuelo en el sector financiero del país. Un grupo de instituciones, que incluye a BICE, Consorcio, BCI, Internacional, Ripley, Santander, Scotiabank y Security, ha presentado un reclamo de ilegalidad en la Corte de Apelaciones contra la CMF. Este malestar se origina a raíz de la Circular N° 2.364, emitida el 26 de junio de 2025, que modifica el Capítulo 12-12 de la Recopilación Actualizada de Normas (RAN) de la CMF. La nueva normativa prohíbe a los bancos otorgar créditos a sus propios directores, apoderados generales, así como a sus cónyuges, convivientes, hijos menores y a las sociedades en las que cualquiera de ellos tenga participación, ya sea directa o indirecta.
Durante casi cuatro décadas, la interpretación de esta norma había sido más flexible, permitiendo ciertas excepciones y limitando la prohibición a un grupo específico de personas y sociedades. Sin embargo, la reciente modificación ha ampliado considerablemente el alcance de la prohibición, generando preocupación entre las instituciones financieras. La nueva redacción considera cualquier tipo de participación indirecta como un impedimento para otorgar créditos, lo que incluye vínculos a través de vehículos societarios intermedios, sin importar el nivel de propiedad.
Los bancos argumentan que esta interpretación es desproporcionada y afecta a personas o empresas que no necesariamente presentan un conflicto de interés. En su reclamo, critican que la CMF no anticipó adecuadamente los efectos de la nueva norma y que actuó con improvisación al no otorgar un plazo razonable para su implementación. Según los bancos, la CMF ha excedido sus competencias al interpretar la norma de manera que cambia su sentido original, lo que podría vulnerar derechos constitucionales como la libre iniciativa económica y el derecho de propiedad.
El abogado Arturo Fermandois, quien patrocina la acción legal, ha señalado que la CMF ha actuado de manera abusiva y contradictoria, lo que ha llevado a una situación de incertidumbre en el sector. En el documento presentado ante la Corte, se incluye un informe de Miguel Ángel Nacrur Gazali, exabogado jefe de la SBIF, que argumenta que la nueva interpretación de la CMF es errónea y que la ley solo exige aplicar condiciones y límites, no una prohibición total.
### Inhabilitaciones en el Poder Judicial
El conflicto ha tenido repercusiones en el ámbito judicial, donde al menos 100 funcionarios del Poder Judicial, incluidos jueces y fiscales, se han inhabilitado para conocer la causa. Entre ellos se encuentra el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Fernando Carreño, quien es deudor hipotecario del Banco Santander. Las inhabilitaciones están relacionadas con vínculos financieros con varios bancos, siendo la deuda hipotecaria la razón más común.
El Banco de Chile es el que concentra el mayor número de inhabilitaciones, con 44 funcionarios, seguido por el Banco Santander con 38 y el Banco de Crédito e Inversiones (BCI) con 14. En el caso de otros bancos como BICE, Banco Security y Scotiabank, las cifras son menores, pero igualmente están asociadas a relaciones financieras como deudas o productos bancarios. Por otro lado, bancos como Ripley y Consorcio han reportado el menor número de inhabilitaciones, lo que refleja la diversidad de relaciones financieras que los funcionarios del Poder Judicial mantienen con las instituciones bancarias.
Este escenario ha generado un ambiente de incertidumbre en el sector financiero y judicial, donde la interpretación de las normas y su aplicación se encuentran en el centro del debate. La situación actual pone de manifiesto la complejidad de las relaciones entre los bancos, sus directores y el marco regulatorio que los rige, así como la necesidad de un análisis más profundo sobre el impacto de las regulaciones en el funcionamiento del sistema financiero chileno. La resolución de este conflicto no solo afectará a las instituciones involucradas, sino que también tendrá implicaciones más amplias para el mercado financiero y la confianza de los consumidores en el sistema.
