El debate sobre el nuevo sistema de financiamiento de la educación superior en Chile ha cobrado fuerza en los últimos días, especialmente tras el dictamen emitido por la Contraloría General de la República. Este informe cuestiona la forma en que el gobierno contabiliza los recursos destinados al Fondo de Educación Superior (FES), lo que ha llevado a la Dirección de Presupuestos (Dipres) a solicitar una reconsideración de dicho dictamen.
La Contraloría, liderada por Dorothy Pérez, argumentó que los recursos que se entregarían a través del FES no cumplen con las condiciones necesarias para ser considerados activos al momento de otorgar los beneficios. Según el organismo, no existe un derecho adquirido que justifique esta clasificación. Este punto es crucial, ya que la forma en que se contabilizan estos recursos tiene implicaciones significativas en el balance fiscal del país.
### La Diferencia entre Activos y Gastos Públicos
Para entender la controversia, es fundamental distinguir entre lo que se considera un activo y un gasto público. Los activos son recursos que se espera que generen beneficios económicos futuros, mientras que los gastos son desembolsos que no se recuperan. En este contexto, la Contraloría sostiene que el FES debería ser clasificado como un gasto público, lo que implicaría que se contabiliza sobre la línea, afectando directamente el balance fiscal estructural y la deuda pública.
Por otro lado, la Dipres argumenta que, de acuerdo con el Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional (FMI), el FES puede ser considerado un activo financiero. La Dipres sostiene que se cumplen dos condiciones esenciales para esta clasificación. Primero, existe una relación contractual entre el Fisco y los beneficiarios del FES, lo que implica obligaciones de pago explícitas. Segundo, se garantiza un beneficio económico futuro, ya que se establecen plazos y reglas claras para la determinación del monto que cada beneficiario debe pagar.
La Dipres también destaca que la naturaleza del activo financiero no depende de su transabilidad, sino de la certeza de recuperación de los recursos desembolsados. Esto significa que, según su interpretación, el diseño del proyecto de ley asegura que el Fisco podrá recuperar los beneficios otorgados, ya que existe una obligación legal de pago por parte de los beneficiarios, respaldada por mecanismos de retención de ingresos por parte de los empleadores.
### Implicaciones para el Sistema Educativo
La controversia sobre la clasificación del FES tiene implicaciones significativas para el sistema educativo chileno. Si se considera como un gasto público, esto podría limitar la capacidad del gobierno para invertir en educación y afectar la sostenibilidad del sistema a largo plazo. Por el contrario, si se clasifica como un activo, se abrirían nuevas oportunidades para financiar la educación superior sin comprometer el balance fiscal.
Los expertos en finanzas públicas advierten que esta discusión no es solo técnica, sino que también tiene un impacto directo en la calidad de la educación y en la equidad del sistema. La forma en que se financia la educación superior puede influir en el acceso a oportunidades educativas para los estudiantes, especialmente aquellos de sectores más vulnerables.
Además, la respuesta de la Dipres a la Contraloría refleja una postura defensiva del gobierno ante las críticas sobre su gestión fiscal. La solicitud de reconsideración es un intento de reafirmar la validez del modelo de financiamiento propuesto, que busca garantizar que los recursos destinados a la educación superior sean recuperables y sostenibles.
En este contexto, el debate sobre el FES se convierte en un reflejo de las tensiones más amplias en torno a la política fiscal y educativa en Chile. La forma en que se resuelva esta controversia podría sentar un precedente importante para futuras iniciativas de financiamiento educativo y para la relación entre el gobierno y las instituciones educativas.
A medida que avanza este debate, será crucial seguir de cerca las reacciones de los diferentes actores involucrados, incluidos los estudiantes, las universidades y los responsables de la formulación de políticas. La forma en que se aborde esta cuestión no solo afectará el presente, sino que también tendrá repercusiones a largo plazo en el futuro de la educación superior en Chile.
