En el ámbito financiero chileno, la disputa entre Banco Santander y BancoEstado ha captado la atención de analistas y consumidores por igual. Este conflicto, que gira en torno a las tarifas interbancarias, ha escalado a un nivel judicial, con ambas instituciones solicitando la comparecencia de sus máximos ejecutivos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). La controversia se centra en las acusaciones de abuso de posición dominante y la defensa de un modelo de negocio que, según BancoEstado, es esencial para la inclusión financiera en el país.
### Orígenes del Conflicto
La controversia comenzó cuando Banco Santander presentó una demanda contra BancoEstado, alegando que este último estaba aplicando tarifas interbancarias desproporcionadas. Según Santander, las tarifas que cobra BancoEstado son más de 4,5 veces superiores a las de otros bancos, lo que, en su opinión, representa un abuso de su posición dominante en el mercado de transferencias electrónicas. Este mercado es crucial, ya que BancoEstado concentra aproximadamente el 72% del volumen total de transferencias, lo que le otorga una influencia significativa en el sector.
La respuesta de BancoEstado no se hizo esperar. En octubre de 2024, la entidad estatal rechazó las acusaciones de Santander, argumentando que la demanda era un intento de imponer tarifas más bajas que comprometerían la viabilidad de productos esenciales como la CuentaRUT, que beneficia a millones de chilenos en situación de vulnerabilidad. Este intercambio de acusaciones ha llevado a un aumento en la tensión entre ambas instituciones, que ahora buscan que el TDLC intervenga en la disputa.
### Solicitudes y Estrategias Legales
En las últimas semanas, las acciones legales han cobrado impulso. Banco Santander ha solicitado al TDLC que cite a declarar a Óscar González, el gerente general de BancoEstado, así como a su sucesor. Además, Santander ha pedido un peritaje para determinar los costos reales que enfrenta BancoEstado por la recepción de transferencias electrónicas. Este peritaje es fundamental para verificar si las tarifas impuestas por BancoEstado están justificadas, tal como lo exige una sentencia de la Corte Suprema de 2022.
La solicitud de Santander incluye la exhibición de documentos que detallen las transferencias electrónicas realizadas entre enero de 2020 y julio de 2024, así como los costos asociados a este servicio. También se ha solicitado información a otros bancos y empresas del sistema financiero sobre sus negociaciones con BancoEstado en relación con las tarifas interbancarias. Esta estrategia busca construir un caso sólido que respalde las acusaciones de Santander y, al mismo tiempo, presionar a BancoEstado para que justifique sus tarifas.
Por su parte, BancoEstado ha respondido con una serie de solicitudes al TDLC. La entidad estatal ha pedido que su gerente general no comparezca en persona, argumentando que su Ley Orgánica permite que responda por escrito. Además, se ha opuesto a la solicitud de peritaje de Santander, argumentando que permitir que un perito determine sus costos sería delegar una función que corresponde exclusivamente al tribunal. Esta oposición se basa en la preocupación de que la información requerida es sensible y podría afectar productos clave para la inclusión financiera, como la CuentaRUT.
La tensión entre ambas instituciones ha aumentado, con Banco Santander criticando la postura de BancoEstado. Santander ha señalado que es sorprendente que una entidad estatal, cuya misión es promover la bancarización de todos los chilenos, se oponga a un informe pericial que podría esclarecer sus costos. Esta crítica resalta la complejidad del conflicto, donde se entrelazan intereses económicos, la regulación del mercado y la responsabilidad social de las instituciones financieras.
### Implicaciones para el Sector Financiero
El desenlace de esta disputa no solo afectará a las dos instituciones involucradas, sino que también tendrá repercusiones en el sector financiero chileno en su conjunto. La resolución del TDLC podría establecer precedentes sobre cómo se regulan las tarifas interbancarias y la competencia en el mercado de transferencias electrónicas. Además, podría influir en la percepción pública sobre la equidad en las tarifas bancarias y la accesibilidad de los servicios financieros.
La situación actual refleja un momento crítico para la regulación del sistema financiero en Chile. A medida que el TDLC evalúa las solicitudes de ambas partes, el futuro de las tarifas interbancarias y la estructura de costos de BancoEstado están en juego. Este caso podría ser un punto de inflexión en la forma en que los bancos operan y compiten en el país, especialmente en un contexto donde la inclusión financiera es más importante que nunca.
La atención ahora se centra en cómo el TDLC abordará estas solicitudes y qué decisiones tomará en un conflicto que no solo es legal, sino que también tiene profundas implicaciones sociales y económicas para millones de chilenos.
